La insistencia de algún grupo político en otorgar continuidad a las corridas de toros, demuestra su connivencia en la permisividad que los niños perciben ante la violencia
Señores políticos: no me sorprende la última estrategia urdida por el PP de Cataluña para tratar de hacer fracasar la ILP por la abolición de la tauromaquia en esa Comunidad, trasladándola al Consejo de Garantías estatutarias y confiando en que esta Institución dictamine que la Iniciativa no se adecúa al Estatuto, para así otorgar continuidad a un espectáculo tan cruel físicamente con los toros como brutal moralmente para el ser humano. Sorpresa no me causa, pero sí una pena infinita.
Estoy convencido de que la tauromaquia vulnera también principios expresamente recogidos en la Constitución e indirectamente, acuerdos internacionales de obligado cumplimiento suscritos por España, tanto en lo que se refiere al inexcusable respeto al medio ambiente - concepto que incluye a los animales - como a la necesidad de que cualquier norma o práctica social, con especial atención a los niños, esté basada en la libertad, en el respeto y nunca caracterizada por la violencia, aspectos éstos que, duela a quien duela, se incumplen en las corridas de toros.
Pretendo hacerles llegar una reflexión como ciudadano sujeto a las consecuencias de sus resoluciones y sobre todo como padre, ya que mis hijos se ven asimismo afectados por su gestión sin que yo pueda jugar otro papel que el de testigo con muy poca voz y ninguna capacidad decisoria: si se sigue catalogando de acto cultural sano, digno de ser autorizado y accesible para todos la introducción repetitiva y prolongada de armas de acero en el cuerpo de un toro hasta provocarle una muerte agónica, ¿creen que puedo garantizar que niños de cuya educación soy responsable no asuman que la agresión a otros seres, más allá de actos en defensa propia, es una conducta lícita y hasta modélica?
De tal modo que si Ustedes justifican la lidia, no aseguro que mis hijos algún día no protagonicen episodios como el de la vaquilla de Alhaurín, o dado que resulta imposible explicar desde la razón que con un perro no pero con un toro sí, tampoco me siento capaz de evitar que acaso destripen a cualquier can que se cruce en su camino. Es más, si está “prohibido prohibir” e iniciativas como la ILP atentan contra la libertad, me declaro impotente para hacerles comprender que han de respetar un Código Penal repleto de prohibiciones, o para que establezcan los límites de su libertad sin vulnerar la ajena. Señorías, no creo que los intereses de unos cuantos ganaderos, toreros o empresarios taurinos, estén por encima de la educación que estamos dando a millones de niños.
Julio Ortega Fraile
www.findelmaltratoanimal.blogspot.com