La fiebre del petróleo que amenaza al Golfo de México y al planeta
Michael T. Klare
La cuestión está clara: el drenaje masivo de petróleo del fondo del Golfo México podría consumar uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de la humanidad. Lo peor es que es sólo un anticipo de lo que será la era del petróleo degradado, una época caracterizada por la creciente dependencia de fuentes de energía problemáticas y difíciles de conseguir. La partida se desarrolla en terreno peligroso, y lo que está en juego es el destino del planeta.
Es posible que nunca se llegue a dar con la causa precisa de la explosión que destruyó la torre petrolera de Deepwater Horizon el 20 de abril y mató a 11 de sus 126 trabajadores. Se ha hablado de fallos en una conexión submarina y en un aparato específicamente diseñado para prevenir explosiones. La falta de controles gubernamentales sobre los mecanismos de seguridad también tuvo su parte en el desastre, producido, seguramente, por una combinación de equipo defectuoso y errores humanos. En todo caso, aunque no se determine cuál fue el exacto disparador de la explosión, la razón de fondo está clara: la existencia de una empresa a la que el gobierno autorizó a explotar reservas de petróleo y gas natural en entornos remotos y bajo condiciones de operación altamente riesgosas.
Los peligros de la nueva fiebre del petróleo
Los Estados Unidos ingresaron en la era de los hidrocarburos con una de las principales reservas de petróleo y gas natural. La explotación de estos valiosos y versátiles recursos ha contribuido durante mucho tiempo a la riqueza y al poder del país, así como a la rentabilidad de gigantes de la energía como British Petroleum (BP) y Exxon. Este proceso, empero, condujo al agotamiento de la mayoría de reservas siutadas en tierra firme y sólo dejó algunas disponibles en áreas marítimas de difícil acceso en Alaska y el Ártico. Para mantener el suministro de energía, así como los ininterrumpidos beneficios de las grandes empresas del ramo, todos los gobiernos sin excepción han impulsado la explotación de fuentes energéticas remotas, con abierto desdén por los peligros humanos y ambientales que encierran estas operaciones.
La búsqueda afanosa de gas y petróleo ha entrañado siempre un cierto grado de riesgo. Después de todo, la mayoría de las reservas energéticas se encuentran bajo tierra entre sucesivas capas de rocas. Cuando las perforadoras llegan hasta ellas, las probabilidades de erupciones explosivas son altas. Es lo que se conoce como efecto "géiser". En los intrépidos inicios de la industria del petróleo, este fenómeno -bien conocido gracias a películas como Pozos de ambición (There Will Be Blood, según el título original en inglés)- era causa frecuente de importantes accidentes humanos y ambientales. Con los años, las compañías petroleras consiguieron prevenir los daños causados a los trabajadores o al entorno de los pozos. Ahora, sin embargo, la compulsión por disponer de las remotas reservas de Alaska, el Ártico y las profundidades marinas se está reeditando una peculiar y peligrosa versión de los intrépidos inicios de la industria. Las empresas se encuentran con riesgos inesperados, y su tecnología -diseñada para escenarios más benignos- resulta a menudo incapaz de ofrecer una respuesta adecuada a los nuevos desafíos. En consecuencia, cuando el desastre se produce, el daño ambiental es exponencialmente mayor que cualquiera que haya podido registrarse en los anales de la industria a lo largo del siglo XIX o a inicios del XX.
La operación Deepwater Horizon es un ejemplo de ello. BP, la empresa que gestionaba la torre petrolera y tenía a su cargo la supervisión de la perforación, lleva años inmersa en una frenética búsqueda de petróleo en zonas profundas del Golfo de México. El pozo en cuestión, conocido como Mississippi Canyon 252, tenía una profundidad de 1,5 kilómetros y estaba situado a unos 80 kilómetros al sur de la costa de Luisiana. El perforador, por su parte, se extendía unos 4 kilómetros más bajo tierra. A semejante profundidad, cualquier operación en el fondo del océano debe realizarse a través de robots manejados por control remoto por técnicos situados en el pozo. El margen de error admisible en estas circunstancias es mínimo, sobre todo en cuestiones de perforación y corte de capas rocosas. Aparentemente la operación Deepwater Horizon se caracterizó por una gran laxitud en materia de supervisión, de manera que cuando surgieron algunos problemas previsibles, fue imposible enviar técnicos que pudieran evaluar la situación y ofrecer una solución.
Acometer perforaciones en Alaska y en el Ártico entraña peligros aún mayores, dadas las condiciones climáticas y ambientales extremas con las que es menester lidiar. Cualquier pozo marítimo siutado en los mares de Beaufort o de Chukchi está expuesto a eventuales choques con trozos de hielo, a temperaturas extremas y a poderosas tormentas. Por otra parte, siempre será más difícil, en semejantes parajes, lidiar con derrames de petróleo como los de BP, da igual que sean marítimos o terrestres. Es más, un flujo incontrolado de petróleo en esas condiciones representará, sin ninguna duda, una amenaza letal para cualquier especie viva.
Las grandes empresas de energía aseguran que están blindadas contra tales peligros. Sin embargo, tanto el desastre del Golfo como la propia historia han puesto en ridículo dicha pretensión. En 2006, por ejemplo, un oleoducto en mal estado de BP propició el derrame de más de un millón de litros de crudo en unas lomas del norte de Alaska frecuentadas por manadas migratorias de caribús (como el derrame tuvo lugar en invierno, los caribús aún no estaban allí, lo que hizo posible alejar el petróleo de los bancos de nieve; de haberse producido en verano, los riesgos para la manada hubieran sido considerables).
Cuando hay petróleo de por medio, todo está permitido
A pesar de los peligros evidentes y de la ausencia de mecanismos adecuados de seguridad, diferentes administraciones, incluida la de Barack Obama, han apoyado la política de las grandes empresas y han favorecido la explotación de reservas de gas y petróleo en aguas profundas del Golfo de México, así como en otras áeras ambientalmente sensibles.
El gobierno ya asumió esta posición frente al tema con la Política de Energía Nacional (PEN), adoptada por el presidente George W. Bush en mayo de 2001. Liderados por el ex Director Ejecutivo de Halliburton, el vicepresidente Dick Cheney, los diseñadores de esta política advirtieron de que los Estados Unidos consideraron que la creciente dependencia de la importación de energía comportaba un auténtico peligro para la seguridad nacional. A resultas de ello, apostaron por un mayor aprovechamiento de las fuentes de energía locales, especialmente petróleo y gas natural. “Es un objetivo primordial de la Política de Energía Nacional diversificar las fuentes de aprovisionamiento” rezaba la declaración de principios de la PEN. “Y esto supone priorizar las fuentes locales de petróleo, gas y carbón” .
No obstante, como la propia PEN dejaba claro, los Estados Unidos estaban perdiendo sus reservas de gas natural o de petróleo convencionales y de fácil acceso, tanto terrestres como marítimas. "Es probable -se decía en el documento- que la producción de petróleo en los Estados Unidos decaiga en los próximos diez años; [de manera que] la demanda local excederá las propias capacidades productivas” . La única solución, se afirmaba, era aumentar la explotación de reservas de energías no convencionales, como el petróleo o el gas situados en el fondo martímo del Golfo de México, más allá de los bancos de arena continentales, en Alaska, en el Ártico e incluso recurrir a formaciones geológicas complejas como el petróleo o el gas bituminosos.
“La producción de gas y petróleo en áreas geológicamente estimulantes -continuaba el documento- es vital para todos los estadounidenses y para la seguridad energética nacional, siempre que resulte compatible con la protección del medioambiente” (esta última mención era un explícito añadido de la Casa Blanca dirigido a contrarrestar las acusaciones -desafortunadamente ciertas- en torno a la escasa sensibilidad gubernamental por las consecuencias ecológicas de su política energética).
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