Por diferentes motivos, la crítica a esta penalización ha unido a algunas asociaciones de prostitutas con sindicatos policiales y portavoces de la magistratura. Las primeras sugieren que su práctica se hará más difícil y clandestina. Los policías argumentan que en las actuales condiciones del estado de emergencia por riesgo terrorista, los agentes no van a poder vigilar ese ámbito como requiere la ley. Por su parte, los magistrados apuntan que, dada la penuria de medios que el Ministerio de Justicia conoce, aprobar esta ley sin previa dotación de medios económicos complica su puesta en práctica. Entre los críticos, un grupo de intelectuales publicó el año pasado un manifiesto que ponía en cuestión lo que presentaba como “fundamentos dudosos” de la ley, a saber: “que cobrar por mantener sexo sea una afrenta a la dignidad de las mujeres, y que todas las prostitutas sean víctimas de sus clientes canallas”. Su argumento fue contestado por diversas organizaciones de derechos humanos y de asistencia a las prostitutas.
“Los países que quieren ser eficaces en la lucha contra el tráfico de mujeres en lugar de ser paraísos de la explotación sexual, empiezan a entender que no se puede considerar a los proxenetas como empresarios legítimos y que se deben emprender medidas jurídicas contra los clientes”, dice Janice Raymond, de la Coalición contra el tráfico de muje-
res (CATW).