El aséptico concepto del "control de poblaciones" esconde tras de sí matanzas de animales en espacios protegidos como los Parques Nacionales donde la caza deportiva esté (supuestamente) prohibida, y motivados por desequilibrios ecológicos, superpoblaciones, etc. ordenan la "extracción" de miles de animales al año. Generalmente los encargados de matar a estos animales son los agentes forestales, o en otros casos cazadores pero bajo la supervisión de los agentes forestales. Esto, además de por motivos éticos, entra en conflicto con el principio básico de los agentes forestales: proteger a la naturaleza y a la fauna, incluido su bienestar. Pero como funcionarios públicos tienen el deber de acatar las órdenes que les den, aunque sé de primera mano que muchos agentes forestales si tuviesen alternativa no lo harían. De hecho siempre proponen medidas alternativas y no agresivas como son la captura en vivo y posterior traslado a otras zonas dentro de su hábitat donde estos animales escaseen

Una opción sería la objeción de conciencia, pero según viene reflejada en la Constitución (art. 30) se limita al ámbito militar, por lo que cualquier otro funcionario no podría acogerse a ella. Lo que desconozco es si existe en alguna legislación más concreta algún recoveco o alguna forma de acogerse a algo que debería ser un derecho universal, como es negarse a hacer algo que se considere moralmente reprochable, injusto o inaceptable.