La Comunidad de Madrid autoriza levantar hoteles rurales, tiendas y chalés en zonas p

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La Comunidad de Madrid autoriza levantar hoteles rurales, tiendas y chalés en zonas protegidas

• Las últimas reformas en materia ambiental, aprobadas en diciembre, permitirán ocupar terrenos en montes públicos, vías pecuarias y espacios protegidos.
• La 'ley virus', aprobada en 2012, autoriza a los propietarios de fincas de 6 hectáreas a construir viviendas de una planta con varias habitaciones.
• La Comunidad ya legalizó las fincas para bodas, bautizos y fiestas de empresa.

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• ÁNGEL CALLEJA 23.01.2014
• @angelcalleja
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Desde este año, cualquier madrileño que cumpla los requisitos podrá regentar una casa u hotel rural, una tienda de comestibles, una empresa de actividades al aire libre (excursiones, observación de la naturaleza) y hasta una finca para celebrar eventos en zonas protegidas donde antes estaba prohibido.


Para hacerlo posible, el gobierno de Ignacio González aprobó en el pasado 19 de diciembre una serie de reformas que permitirán explotar económicamente espacios que hasta el momento estaban vetados, aunque las zonas catalogadas de máxima protección o zonas clasificadas como reserva natural y reserva integral permanecerán al margen.


La modificación se hizo a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, más conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, un método que impide que los asuntos sean debatidos por separado en el parlamento regional.


Los montes acogerán actividades compatibles con su "utilidad pública"

En total, la conocida como 'ley escoba' ha cambiado cinco preceptos. El primero de ellos es la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza, que pasa a autorizar "excepcionalmente" la cesión y ocupación de parcelas en los 216 montes públicos catalogados (el Monte Abantos, las dehesas de Cercedilla o el Robledillo de Moralzarzal) por períodos de hasta 75 años para cualquier uso que se considere "compatible con las funciones de utilidad pública del monte".


El criterio es tan amplio que incluye la explotación maderera y de pastos, la recogida de setas, la creación de itinerarios recreativos, zonas de acampada y aparcamientos o "cualquier otro tipo de infraestructura recreativa de uso público".


La pasada legislatura, la Comunidad llegó a introducir como uso tolerable en la Ley del Suelo la práctica del golf, lo que le dio vía libre para contruir un campo en la finca de investigación agropecuaria El Encín, en Alcalá de Henares. En 2013, el Tribunal Supremo declaró el recinto ilegal, aunque sigue en funcionamiento. Ahora, la Comunidad promueve un espacio recreativo y hotelero de hípica en la en la Dehesa de Sotomayor en Aranjuez, incluida en la Red Natura 2000.

Negocios en los parques

El Ejecutivo ha entrado de lleno en los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, del río Guadarrama y del Sureste, tres de los espacios con mayor valor ambiental del territorio. Merced a la modificación de sus respectivas leyes, la Comunidad convierte en legales dentro de sus límites las tiendas de productos agropecuarios, los establecimientos hosteleros, las casas y hoteles rurales y las instalaciones para actividades científicas o divulgativas en edificaciones ya construidas.


Una de las modificaciones legales vuelve a beneficiar a la socia de la mujer del presidente


Para ello, Además, autoriza la conversión en alojamientos de las edificaciones tradicionales y también de aquellas que tengan algún valor arquitectónico, aun cuando estas últimas estén fuera del ordenamiento urbanístico. De forma complementaria, permite como novedad "las obras de ampliación indispensables para las condiciones de habitabilidad", según el artículo 10 de la Ley de Medidas Fiscales, que modifica a su vez los preceptos de las leyes de los parques. Los dueños, por lo tanto, podrán incluir habitaciones o salas adicionales de nueva construcción.

La Comunidad ha redactado de nuevo el apartado 17.2 de la ley del parque del Manzanares para permitir instalaciones en una de las zonas donde estaba prohibido. Ello supone regularizar de facto la carpa que la socia de la mujer del presidente autonómico, Carmen Cafranga, usa para celebrar bodas, bautizos, comuniones y reuniones de empresa en la finca La Muñoza. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó el negocio de Cafranga por estar al margen de la normativa, pero ahora ya no puede ponerle pegas.
Cafranga ya había salido beneficiada en 2012, cuando la Comunidad introdujo como uso tolerable en los parques regionales la organización de eventos. De un golpe, el gobierno regional legalizó la actividad de 39 fincas similares denunciadas reiteradamente por la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.


En paralelo, la Comunidad ha reorientado la Ley de Vías Pecuarias para que los particulares puedan ocupar parcialmente estas sendas por un máximo de 10 años. A cambio, el beneficiario deberá pagar las tasas correspondientes.

Chalés "sostenibles"

Los cambios acometidos a finales del año pasado son una continuación de la senda iniciada por el Ejecutivo con la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (o 'ley virus', como la calificaron sus detractores), que se gestó en 2012.

Las viviendas rurales sostenibles no necesitarán de declaración de impacto ambiental

Gracias a la misma, los propietarios de parcelas rurales de más de 6 hectáreas (60.000 metros cuadrados) pueden construirse chalés de una planta y varias habitaciones dotados de acceso, aparcamiento y todos los suministros necesarios. Su única obligación será respetar unas mínimas normas técnicas y estéticas, ya que no tendrán que cumplir ninguna pauta específica de eficiencia energética ni presentar un proyecto de impacto ambiental.

La ley, que consta de solo nueve artículos, tres disposiciones y un anexo, sentencia en su preámbulo que "la concepción de que la presencia del hombre necesariamente tiene un efecto negativo sobre el medio rural no es cierta en muchos casos". Sin embargo, no aporta ningún dato o estudio que apoye esa afirmación.


Continua ...

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"Esquilman el territorio"

La Comunidad defiende que sus políticas promueven un aprovechamiento "sostenible" del medio natural y promover el "empleo verde". Expertos y colectivos ambientalistas, sin embargo, denuncian que el objetivo es "liberalizar" el campo y "desregular" los espacios protegidos.


"Como el mercado inmobiliario no repunta, buscan poner elementos de valor en el campo esquilmando el territorio y anteponiendo el derecho de disfrute del propietario al derecho y obligación de conservación del medio ambiente. Es una postura ideológica", critica Agustín Hernández Aja, director del departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica.
María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, sostiene que estos cambios no benefician a la población rural, sino a los propietarios de grandes fincas: "¿Quién tiene dinero para hacerse un chalé, restaurar un molino o poner un negocio en el campo? Los grandes terratenientes, en su mayoría".


A más viviendas o edificaciones en el campo, más riesgo de incendio

Nieto recuerda que Esperanza Aguirre ya eliminó las juntas rectoras de los parques regionales y los patronatos de los espacios protegidos, los consejos de Caza y de Pesca Fluvial, el Consejo del Fuego, el Patronato de Vías Pecuarias y la Comisión de Calidad del Aire en 2010. El pasado 2 de enero, la Consejería de Medio Ambiente dejó sin competencias a los responsables de los parques regionales y creó la figura del director único de parques, que delegará funciones en los conservadores de estos espacios.


Los defensores de la naturaleza creen, sin embargo, que la 'ley virus' es la más dañina de todas las iniciativas. "Es un desastre completo. Ignora la normativa urbanística y de planificación del territorio y se lleva por delante todo el conocimiento acumulado en sostenibilidad", argumenta la arquitecta María Jesús González, miembro de la asociación profesional Sostenibilidad y Arquitectura (ASA), que emitió en 2012 un duro comunicado contra el anteproyecto de ley.


La ley, además, perjudica la labor de los agentes forestales. "A más viviendas o edificaciones en el campo, más riesgo de que se produzca un incendio. Los comprobamos en Robledo de Chavela. Nuestra prioridad es la gente. Si tenemos que salvar edificaciones dispersas, el resto del monte se quema", alerta Miguel Higueras, portavoz del cuerpo en Madrid por UGT. Ello se une a otras agresiones toleradas por la Consejería de Medio Ambiente como la proliferación de viviendas ilegales en suelo rústico o los vertidos y la falta de conservación que sufren los espacios protegidos.


El Partido Socialista de Madrid ha recurrido la 'ley virus' ante el Tribunal Constitucional. Si los magistrados la rechazasen, no sería el primer varapalo que la Justicia da a la Comunidad de Madrid en materia ambiental. En 2011, el Supremo declaró ilegal el desdoblamiento de la carretera M-501 debido a que Aguirre lo realizó sin la obligada declaración de impacto.