OCU denuncia qe gobierno qiere coartar el derecho a la información d los consumidores

[Ecomobisostrans]

El Gobierno quiere coartar el derecho a la información de los consumidores

OCU denuncia que el Gobierno prepara una norma que favorece a la industria alimentaria en contra de los consumidores. Las presiones de la industria para evitar que la OCU destape nuevos escándalos y fraudes alimentarios dan como resultado una norma que limita el derecho de los consumidores a la información. Inadmisible.

Madrid, 5 de junio de 2013. OCU denuncia que el Gobierno quiere privar a los consumidores del acceso a información veraz sobre las diferentes opciones que tienen en el mercado. El Ejecutivo ha introducido una disposición adicional en la Ley de Cadena Alimentaria que va a hacer prácticamente imposible que se realicen análisis comparativos de alimentos en España.

Con la excusa de que la imagen de la industria alimentaria sale perjudicada con la publicación de análisis comparativos, el Gobierno se pliega a sus intereses proponiendo una legislación que OCU considera un ataque frontal al derecho fundamental a la libertad de expresión y al derecho del consumidor a estar bien informado.

Los últimos escándalos en materia de alimentación destapados por OCU en España no han gustado nada a Agricultura y esta disposición es la respuesta. La calidad de la leche, el fraude del aceite de oliva virgen extra o las hamburguesas con carne de caballo no han concluido en expedientes sancionadores sino todo lo contrario. El Gobierno pretende que este tipo de análisis no se vuelva a realizar y los consumidores adquieran los productos con la información, interesada que les da la propia industria.

OCU añade que no existe ninguna disposición similar en Europa. Los consumidores europeos reciben y valoran este tipo de información y realizan sus compras en base a las calificaciones obtenidas por las diferentes marcas. Para finalizar, OCU recuerda que durante décadas las organizaciones de consumidores han demostrado el respeto a los principios de transparencia, contradicción y veracidad de la información que han publicado a través de sus canales de información. La industria alimentaria tiene ocasión de pronunciarse antes de la publicación de los resultados de un estudio y, en cualquier caso, cuenta con los tribunales de justicia para hacer valer sus derechos.

En este sentido, desde que en 1980 OCU comenzara a realizar análisis comparativos, nunca ha sido condenada en un procedimiento judicial por publicar información no veraz.

Fuente: http://www.ocu.org/nt/nc/nota-prensa...cu-disposicion

[oriola]

Compro vocal.

La u

[Ogle]

Un asunto muy importante este:

El sector alimentario podrá parar la difusión de estudios que le dañen
Una enmienda del PP a la nueva ley de calidad permitirá a la industria exigir hasta tres informes antes de publicar análisis comparativos e irregularidades

Pol Pareja|Madrid|6 JUN 2013 - 21:22 CET

A pesar de que nunca se ha demostrado su falta de veracidad, el PP ha puesto en el punto de mira los informes que realizan las organizaciones de consumidores para denunciar las irregularidades que cometen las empresas de alimentos en sus productos. Una enmienda introducida a última hora por el grupo popular en el Congreso —justo antes de que el proyecto de ley pase al Senado— permite que las compañías que no estén de acuerdo con las conclusiones paralicen su publicación mientras presentan un estudio alternativo. En caso de discrepancia entre ambos informes, se elaborará un tercero que será el definitivo.

Las principales asociaciones de consumidores se han rebelado contra una norma que consideran antidemocrática y limitadora de su libertad de expresión. En su opinión, los nuevos requisitos dilatarán en exceso la publicación de sus estudios. “¿De qué sirve informar de que una empresa puso en riesgo su salud dos años atrás?”, se pregunta Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.

Una información como la que trascendió en enero, cuando la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reveló que las hamburguesas de vacuno contenían carne de caballo, podría demorarse mucho más tiempo en publicarse en el caso de que la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria se apruebe con el texto actual.

El Ejecutivo ha escuchado una demanda que vienen haciendo desde hace tiempo los grandes grupos alimentarios, que consideran que los estudios de asociaciones como OCU o FACUA perjudican en exceso su imagen. La presión de la patronal de la industria alimentaria (FIAB) y de las grandes marcas que comercializan alimentos (Promarca) ha conseguido inclinar al PP a su favor, según fuentes cercanas a la tramitación de las enmiendas. Las mismas fuentes aseguran que fueron estos dos grupos, junto a los principales sindicatos agrarios y la federación de cooperativas agrarias, quienes propusieron la medida. Los populares no quisieron hacer declaraciones a este periódico y se remitieron a una nota de prensa en la que aseguran que el proyecto de ley “respeta todas las garantías de la normativa nacional y comunitaria”. El Ministerio de Agricultura y Alimentación, por su parte, respondió con un correo electrónico en el que recuerda que las enmiendas “las presentan los grupos políticos, no el Ministerio”. Promarca y FIAB tampoco quisieron responder a ninguna pregunta.

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[Snickers]

Nos la están colando bien colada!

[Chastain]

Eso tiene que ser anticonstitucional por cojones. Y anti dignidad e insalubre y mil cosas más. Por no hablar de que se daría aún más libertad a las granjas para hacer las barbaridades que les diese la gana con los animales...