Bueno, hoy a salido una noticia en prensa acerca de un desahucio frenado por STOP Desahucios, en el cual se han argumentado unas cuestiones sobre las q me gustaría opinar, para ver como lo ven otros en el foro
http://www.antena3.com/programas/esp...040500087.html
En este caso concreto creo q el tema de la necesidad de quien desahucia es menor, tal y como se puede leer en la red "Tras años de presión y acoso inmobiliario para forzar a Mónica a abandonar su hogar, el dueño alegó que su hija necesitaba la casa para cursar sus estudios en Madrid, a pesar de que ésta vive en la ciudad desde hace 4 años."Mónica vive con apenas 365 euros al mes, y sobrevive gracias a que tenía un alquiler de renta antigua y a que sus hijos la ayudaban cada mes. Sin embargo, las cosas han cambiado recientemente cuando el casero ha interpuesto una denuncia para romper el contrato que tenían y poder echarla de su casa. Esta razón, contemplada en el ordenamiento jurídico, ha llevado a una comisión judicial a las puertas de su domicilio para ejecutar el desahucio de Mónica.
Christian, hijo de Mónica ha declarado a los micrófonos de Espejo Público que llevan más de una década recibiento denuncias de este casero para que abandonen la casa. "Hasta ahora todas las ha perdido, pero con esta última, el juez le ha dado la razón".
#1 frangomez A ver... una anciana con setenta y un años... padece Alzheimer.... con una pensión de 365 euros al mes... con HIJOS... ¿ vive sola? si es así sus hijos se desentienden....Una persona de estas características debe estar en casa de sus hijos atendida... Todo lo demás es hipocresía...Demagogia..
05/04/2013 a las 15:00
O sea q la hija del arrendador se las ha podido apañar hasta ahora sin ese piso, pero prefiere tenerlo gratis a tener q pagarse un alquiler
http://civil.udg.edu/normacivil/esta...ract/Lau64.htm
Artículo 62 1.No tendrá derecho el inquilino o arrendatario a la prórroga legal en los siguientes casos:
1.º Cuando el arrendador necesite para sí la vivienda o local de negocio o para que los ocupen sus ascendientes o descendientes legítimos o naturales.
Artículo 63 1. Si se tratase de vivienda, para que proceda la denegación de prórroga por la causa primera, el arrendador habrá de justificar la necesidad de la ocupación.
En el desahucio evitado hoy el tema ha sido curioso pues se seguían coreando los mismos lemas:
como si ahora se tuviese q poder parar cualquier tipo de desahucio, convertir el incumplimiento de un contrato en papel mojado y en consecuencia quitarle derechos al arrendador (que ha de, por lo visto, invitar cual Servicio Social a vivir en SU casa a quienes no la hacen suya, aportando lo q les correspondería pagar para hacerla suya, o renunciando a sus derechos a favor del inquilino), el alquiler de una vivienda no fuese un negocio entre dos desde un principio, y como si uno no pudiese disponer de lo suyo si tiene necesidad pq otros tengan problemas.En total, en torno a medio centenar de personas se han congregado frente al edificio gritando lemas como «Vergüenza me daría desahuciar a una familia» y portando carteles con frases como «Tu vivienda, su negocio» o «Sí se puede».
Miembros de la plataforma han comentado a Efe que el desahucio lo ha motivado la decisión de la dueña del piso de cedérselo a una hija, algo que han reconocido que está permitido conforme a lo establecido en la ley de renta antigua, que permite expulsar al inquilino por este motivo.
La Ley permite rentas irrisorias y la inquilina se ha acogido a ello (en vez de cambiar la pauta y actualizar la renta como se pudo hacer hasta el 2003, creo recordar), pero también permite al arrendador disponer del piso si lo necesita un hijo (que también tiene derecho a casa) y la hija se ha acogido a ese derecho.
En el caso de impago, no pagar un alquiler es ocupar una casa ilegalmente, y el arrendador puede tener tantas o más necesidades q el arrendatario, q además si es de renta antigua ha estado viviendo en la casa a decenas de euros al mes por lo no es raro q en muchos casos haya podido ahorrar para épocas malas. Y tener derecho a romper un contrato de alquiler de renta antigua y a perpetuidad creado por paternalismo del estado franquista (y no tanto por propia voluntad de las ambas partes) es tan respetable como acogerse a dicha Ley para vivir a decenas de euros al mes.
Lo normal es q si tu familiar tiene problemas te hagas cargo tu, q es tu madre. Y si cobra una pensión no contributiva es pq no ha contribuido. Ese no ha de ser el problema del arrendador si puede tener derecho a su vivienda. Y si lo q se pretende es q ese arrendador u otros por imposición sean solidarios con los inquilinos, los miembros de STOP desahucios pueden predicar con el ejem y aportar su casa o sus ingresos para juntos alquilar un pisito al q vaya a ser desahuciado y q así no se quede en la calle.
La cuestión es que parece q pretenden q personas q amparándose en una ley franquista q permite rentas antiguas vergonzosas vivan de alquiler pagando decenas de euros y el propietario haya de tragar con ello hasta cuando tiene la posibilidad de que mecanismos de esa ley (corregidos en la actual LAU) le faciliten la disponibilidad del piso (en estos casos no esta siendo la falta de abono de las rentas de alquiler o si acaso su retraso), a pesar de que la economía de esos arrendatarios durante años ha salido beneficiada. El propietario por lo visto no debería de poder disponer de SU piso pq es una vergüenza desahuciar a otros.
Por último no entiendo q pinta ahí la PAH y sus abogados, cuando este tema no tiene q ver con las hipotecas, ni con los bancos, ni con la dación en pago.
Última edición por Snickers; 05-abr-2013 a las 17:46
Ni toda la oscuridad del mundo podrá acabar con la luz de una sola vela
Los motivos para ser vegan@:
http://www.youtube.com/watch?v=hPGKU...TbguMQkn14cxGA
Han salido hace un ratito en el Gran Debate de T5
El hijo decía que no es injusto que el propietario recupere su vivienda pero no es justo que su madre la pierda y se vea en la calle por lo que resisten para obtener una vivienda en alquiler social.
Y de mientras resisten lo hacen a costa de los derechos del propietario
Ni toda la oscuridad del mundo podrá acabar con la luz de una sola vela
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http://www.elmundo.es/elmundo/2013/0...365508496.html
VIVIENDA | Consejo de Gobierno
La Junta podrá expropiar temporalmente viviendas para evitar su desahucio
La consejera de Vivienda, Elena Cortés (IU), tras el Consejo de Gobierno. | Efe
- La consejera Elena Cortés cifra en 45 diarios los desahucios en Andalucía
- En casos de 'inminencia de desahucio' o 'riesgo de exclusión social'
- La Junta cifra las viviendas desocupadas entre 700.000 y un millón
- La Consejería de Vivienda promoverá un registro de viviendas desocupadas
- Prevé 'incentivos' a particulares y 'sanciones' a bancos e inmobiliarias
Europa Press | Sevilla
Actualizado martes 09/04/2013 13:54 horas
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto sobre la función social de la vivienda, concebido como un "plan de choque para frenar la sangría social" que suponen los desahucios con medidas como la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".
Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU-CA), el decreto, que se aplicará "sin dilación" tras su aprobación con carácter de urgencia y se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, introduce además medidas de "incentivo" a particulares y "sanciones" a bancos e inmobiliarias para que "salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía", que ha cifrado entre 700.000 y un millón de viviendas.
Otra novedad prevista en la norma es la creación "por primera vez" de un registro de viviendas deshabitadas con el objetivo de "arrojar luz sobre una realidad incomprensiblemente desregulada y opaca", ha subrayado Cortés, que ha destacado que la Junta lanza con esta regulación el mensaje de "hasta aquí hemos llegado" ante una situación que ha alcanzado "45 desahucios al día en Andalucía".
La titular del ramo, que ha asegurado que esta normativa supone "un cambio profundo, radical y estructural" en defensa de la vivienda "como derecho humano", ha insistido en que este decreto se aprueba en un contexto de "absoluta emergencia social y económica para frenar de forma inmediata una sangría social". En su opinión, las viviendas vacías suponen "el mayor exponente" del incumplimiento de su función social.
Tras insistir en que no teme ningún recurso por parte del Gobierno de la Nación a dicha normativa, "que tiene garantía jurídica plena como la luna llena", la consejera ha reconocido "dificultades" en el seno del Consejo de Gobierno durante su elaboración. Y es que, según ha explicado, "los cambios profundos siempre generan dificultades". "Hay decretos más sencillos de acordar que éste, pero el resultado es potente y contundente, y el que esperaba esta consejera", ha afirmado.
A preguntas de los periodistas, Cortés ha explicado que ha mantenido una reunión con el presidente de Unicaja, Braulio Medel, para abordar la situación generada por el incremento de los desahucios y las posibles actuaciones de la Junta en esta materia, pero no ha contactado con representantes de Caixabank sobre el alcance de este decreto, cuyo contenido tampoco ha consultado con los agentes sociales.
Refuerzo de las ayudas al alquiler
Entre otras medidas, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler. Las subvenciones se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.
De forma complementaria, la Administración intermediará para favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concertación de arrendamiento entre propietarios y demandantes. De igual modo, podrá desarrollar programas de bolsa de viviendas en alquiler para ampliar el actual parque a precios adecuados.
En lo que se refiere a la expropiación temporal del uso de la vivienda, Cortés ha explicado que pretende garantizar el derecho a la vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social afectadas por estos procesos de ejecución hipotecaria. Según estimaciones iniciales de la consejera, 119 familias ya han contactado con la Junta para interesarse por esta medida.
El procedimiento de expropiación temporal será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
Requisitos para la expropiación temporal
Entre los requisitos para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo.
El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).
Preguntada sobre qué pasará una vez que finalice el plazo de tres años de expropiación, Cortés ha respondido que espera que en ese momento haya un Gobierno de la Nación "capaz de paralizar los desahucios" y que permita el derecho humano a la vivienda. En el caso de que ello no ocurra, la consejera no ha descartado que el plazo de expropiación pudiera llegar a ampliarse.
En cuanto al régimen disciplinario, el Decreto-Ley incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su 'stock' residencial. Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros.
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INTERIOR | Nueva medida
El Gobierno prohíbe los escraches a políticos a menos de 300 metros
- Pretende 'compaginar el derecho de manifestación con el de la intimidad'
- Interior aplicará el criterio de la Policía Autonómica vasca
- Cosidó asegura que los agentes actuarán con 'proporcionalidad' y 'equilibrio'
- Gallardón defiende que se aleje a los diputados de elementos de presión
Fernando Lázaro | Agencias | Madrid
Actualizado miércoles 10/04/2013 13:58 horas
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha anunciado este miércoles que se establecerá un cordón de seguridad de 300 metros alrededor de las viviendas en las que se hayan convocado escraches.
Martínez ha anunciado la medida en una convención de mandos policiales a la que han asistido más de 400 comisarios. El secretario de Estado ha dicho que se trata de "compaginar el derecho de manifestación y reunión con el derecho a la intimidad, a la imagen, a la inviolabilidad del domicilio y a no sentirse presionado al emitir un voto".
En este sentido, ha dicho que esta medida se va a concretar en una Instrucción como la que ha puesto en práctica la Ertzaintza, que este lunes prohibió a los activistas antidesahuicios acercarse a menos de 300 metros del despacho de abogados del diputado del PP José Eugenio Azpiroz en San Sebastián.
El 'número dos' de Interior ha hecho estas declaraciones en una reunión con más de 300 mandos policiales celebrada en el complejo policial de Canillas en la que también ha participado el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien en la misma línea se ha referido a "una distancia orientativa" ante los escraches, aunque ha añadido que habrá que aplicarlo "en función de cada caso".
El director general de la Policía ha dicho además que es "un gravísimo error sobredimensionar este problema" ya que, según ha indicado, se trata de actividades "minoritarias", si bien ha denunciado que los actos violentos y la coacción "son inaceptables en nuestro sistema".
"Hay actitudes de acoso e insulto, de agresiones verbales o físicas que son prácticas totalitarios y que requieren no solo la actuación de la Policía sino también una condena expresa de todos los que creemos en la democracia", ha concluido.
Gallardón: 'Se pretende coaccionar el voto'
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha considerado contrarias a los principios democráticos las acciones violentas que intenten condicionar el voto de los diputados y ha defendido que se garantice que los parlamentarios "estén alejados de cualquier elemento de presión".
El ministro ha realizado estas consideraciones en los pasillos del Congreso al ser preguntado por las medidas que estudia el Ministerio del Interior.
"Intentar que los diputados voten, no aquello que les han dicho los ciudadanos que les han votado sino aquello que pretende una minoría mediante una acción de carácter violento, a mí me parece que es absolutamente contrario a los principios democráticos", ha dicho Gallardón.
Por ello, considera fundamental que se garantice, "no que no haya protestas frente a los gobernantes", sino que "los diputados tengan plena y absoluta libertad y estén alejados de cualquier elemento de presión a la hora de poder emitir su voto".
El titular de Justicia ha admitido que como miembro del Ejecutivo entra dentro de su responsabilidad asumir y escuchar las críticas de los ciudadanos, que tienen derecho a cuestionar la gestión del Gobierno y ha dicho que no "protesta" porque exista esa crítica a su gestión como ministro.
"Cosa muy distinta es cuando, no en mi condición de ministro de Justicia sino en mi condición de diputado, representante de aquellos madrileños que me han votado para que esté en esta Cámara, lo que se intenta no es criticar una decisión sino condicionar mi voto para una propuesta que vamos a tener que discutir en el Congreso", ha subrayado.
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http://cincodias.com/cincodias/2013/...86_479628.html
La entidad se quedará el piso por el 52% de su tasación y repartirá las plusvalías que obtenga
El banco deberá reducir la deuda del desahuciado si vende su vivienda
El Gobierno asume que el texto del PP se aprobará sin más apoyos.
La reforma no recoge la dación en pago pero reduce la deuda que le queda al desahuciado.
¿En que se diferencia decreto andaluz y la reforma hipotecaria del PP?
Juande Portillo
Madrid
12-04-2013 22:08
Podría decirse que la reforma hipotecaria diseñada por el Partido Popular no altera el actual juego de los préstamos con garantía inmobiliaria pero sí que supone el más ambicioso cambio de sus reglas, a favor del deudor, que se ha producido en los últimos años. El texto refundido del PP aunando el decreto ley del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) no basta, sin embargo, para contentar a los partidarios de esta última, que reclaman la paralización general de los desahucios y la dación en pago retroactiva. La reforma del PP no acabará con los embargos, ni impedirá que los afectados sigan pagando su deuda pendiente de por vida, pero sí reduce con mucho la cuantía que le quedará por pagar al desahuciado. A partir de ahí, el Ministerio de Economía se niega a ir más allá y el resto de grupos parlamentarios consideran la solución insuficiente, con lo que el Gobierno asume que la norma saldrá del Congreso la próxima semana únicamente con la mayoría del PP detrás y sin cambiar una coma. La reforma entraría en vigor a finales de abril o principios de mayo.
Las diferencias entre la antigua legislación y la reforma comienzan en el momento de la apertura de la ejecución hipotecaria, que pasará a iniciarse como pronto a los tres impagos, en lugar de al primero. Desde entonces, los intereses de demora pasarán a estar topados en tres veces el precio del dinero, lo que hoy equivaldría a una tasa máxima del 12%, y no podrían capitalizarse junto al principal de la deuda, como ocurre hoy. Concluida la ejecución, además, los intereses de demora serán la última obligación del deudor, tras los intereses remuneratorios y el capital, lo que impedirá que la deuda pendiente se multiplique.
Uno de los focos de actuación es el de las subastas de inmuebles ejecutados que tratarán de hacerse más accesibles a terceros postores, reduciendo del 20% al 5% el aval requerido y elevando de 20 a 40 días el plazo para depositar el remate, lo que facilita la búsqueda de financiación. El cambio fundamental, sin embargo, es que el inmueble no podrá subastarse por menos del 75% del valor de su tasación inicial, lo que evita su venta a precios irrisorios. En el caso de que, como ocurre actualmente en la inmensa mayoría de los casos, la subasta quedara desierta, el banco tendría derecho a quedársela por el 70% del precio de subasta (hoy en el 60%). Es decir, en ningún caso podría adjudicársela por menos del 52,5% de su tasación inicial lo que, pudiendo dejar aún una fortísima deuda pendiente al hipotecado, supone un colchón mínimo de seguridad antes inexistente.
Otra novedad, es que si el banco termina obteniendo plusvalías por la venta de dicho inmueble en los 10 años siguientes a la ejecución, el 50% de los beneficios deberán ir destinados a reducir la deuda que le reste al hipotecado. Aunque se instará a la entidad a que informe de esta transacción, el propio afectado podrá requerirlo y será el juez quien deba velar porque la deuda se reduzca en los términos citados.
Andalucía prevé ya dos expropiaciones
El viernes, apenas unas horas después de que entrara en vigor el decreto andaluz que permite sancionar los inmuebles vacíos de bancos, Sareb e inmobiliarias y expropiar temporalmente los de aquellas personas más vulnerables que vayan a ser desahuciadas, la Junta anunció que ya prevé hacerse con dos inmuebles de Jerez de la Frontera (Cádiz), para mantener en ellos a dos familias. Serían las primeras de la veintena que la Junta dice tener ya identificadas como posibles beneficiarias. En paralelo, el PSOE instó al PP a aplicar la norma en todo el país. El Gobierno, por su parte, defiende que el texto refundido de su reforma supone una respuesta mucho más global y pone en duda la constitucionalidad del decreto andaluz, que podría ser recurrido ante el Alto Tribunal una vez se cuenta con el informe que ultima la Abogacía del Estado. Justicia y Fomento estudian también las posibles consecuencias de la norma mientras que fuentes del Ministerio de Economía consideraron el decreto “de una complejidad extraordinaria”, con pocas posibilidades de aplicación, y con un sesgo muy político pues en el fondo su alcance es casi tan limitado como el de las suspensiones temporales que promueve el Gobierno.
Finalmente, la reforma introduce un sistema de quitas que permite al afectado saldar su deuda si paga el 65% de la misma en los siguientes cinco años o el 80% en un plazo de 10.
Economía ilustra el cambio con un ejemplo práctico de un préstamo hipotecario de 138.000 euros para la adquisición de una vivienda tasada en 194.000 euros. Actualmente, habiendo amortizado 7.982,42 euros para incurrir luego en impago, unos intereses de demora del 18% y las costas elevarían la deuda en 41.209,21 euros y la entidad podría adjudicarse el piso en subasta por 97.000 euros, con lo que el hipotecado seguiría debiendo 115.142,48 euros. Tras la reforma, los intereses de demora más las costas (limitadas al 5%) quedarían en 21.658,85 euros y el banco no podría adjudicarse el inmueble por menos de 135.800 euros con lo que la deuda se reduce a 44.400,41 euros. A partir de ahí, la cifra podría seguir reduciéndose mediante las quitas previstas hasta los 34.000 y aun por debajo si el piso se vende con plusvalías.
La reforma, sin embargo, trata de evitar –o retrasar– estos extremos para los colectivos considerados más vulnerables, para los que se suspenderán los desahucios durante dos años. Se trata de familias numerosas, monoparentales, con hijos menores de tres años, discapacitados o deudores en el paro cuyas rentas no superen tres veces el IPREM (unos 19.000 euros al año). También se amplía a este grupo –antes eran solo familias de parados sin rentas– el código de buenas prácticas, una hoja de ruta de reestructuración de la deuda hipotecaria que culmina con la dación en pago si no hay alternativa.
Finalmente, la reforma da cumplimiento al mandato del Tribunal de la UE permitiendo que jueces y notarios suspendan cautelarmente un desahucio si está motivado por cláusulas abusivas. Si la cláusula es abusiva pero no desató el desahucio, este continuará pero sin aplicarla.
Andalucía prevé ya dos expropiaciones
El viernes, apenas unas horas después de que entrara en vigor el decreto andaluz que permite sancionar los inmuebles vacíos de bancos, Sareb e inmobiliarias y expropiar temporalmente los de aquellas personas más vulnerables que vayan a ser desahuciadas, la Junta anunció que ya prevé hacerse con dos inmuebles de Jerez de la Frontera (Cádiz), para mantener en ellos a dos familias. Serían las primeras de la veintena que la Junta dice tener ya identificadas como posibles beneficiarias. En paralelo, el PSOE instó al PP a aplicar la norma en todo el país. El Gobierno, por su parte, defiende que el texto refundido de su reforma supone una respuesta mucho más global y pone en duda la constitucionalidad del decreto andaluz, que podría ser recurrido ante el Alto Tribunal una vez se cuenta con el informe que ultima la Abogacía del Estado. Justicia y Fomento estudian también las posibles consecuencias de la norma mientras que fuentes del Ministerio de Economía consideraron el decreto “de una complejidad extraordinaria”, con pocas posibilidades de aplicación, y con un sesgo muy político pues en el fondo su alcance es casi tan limitado como el de las suspensiones temporales que promueve el Gobierno.
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Congreso español aprueba ley antidesahucios
18 Abril, 2013 - 20:58 Credito:AFP
El Congreso español aprobó una nueva ley para hacer frente a los desalojos, uno de los principales dramas de la crisis, pero que no incluye la entrega de la vivienda en pago de la hipoteca como pedían los activistas.
La ley procede de una iniciativa legislativa popular que recogió 1.4 millones de firmas, promovida por los activistas antidesahucios, quienes ahora consideran que se desvirtuó el espíritu de su texto, cuyo principal punto era la posibilidad de saldar la deuda con el banco mediante la entrega de la vivienda.
“Lo que hace el Partido Popular (PP) es no hacer caso a lo que propone la ciudadanía. Por lo tanto, no podemos estar contentos con lo que está pasando”, dijo Empar Pablo, de 36 años, que se manifestaba junto a otros activistas en las cercanías del Congreso por considerar insuficientes las medidas del texto, que ahora debe tramitarse en el Senado.
La ley, aprobada sólo con los votos del PP, con mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, paraliza durante dos años las expulsiones de familias vulnerables e impulsa la creación de un fondo social de viviendas para desahuciados.
Siguiendo las directrices del Tribunal de Justicia de la UE, que declaró ilegales algunos aspectos de la norma española, el texto limita los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero y autoriza la suspensión del desalojo si existen cláusulas abusivas.
Entre el 2008 y el 2012, se dictaron 415,117 órdenes de ejecución hipotecaria de las que fueron ejecutadas 252,826 incluyendo viviendas principales y secundarias, locales empresariales, comerciales y terrenos. Muchos españoles, a través de asociaciones se movilizaron contra la medida.
http://eleconomista.com.mx/economia-...antidesahucios
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Vidas Hipotecadas,
libre para descarga
By pin on diciembre 10, 2012
De Ada Colau y Adrià Alemany.
Descarga Vidas Hipotecadas
El libro que nos revela la gran estafa inmobiliaria española El derecho a la vivienda ha sido sistemáticamente vulnerado: de difícil acceso, pese a ser un derecho fundamental, ahora mismo tiene en jaque a centenares de miles de familias que reclaman un sistema hipotecario más justo. Escrito por dos de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau y Adrià Alemany, Vidas hipotecadas explica las causas, señala a los responsables de esta situación, analiza el papel que han tenido las administraciones públicas, pone de manifiesto la lucha que desde la PAH se está llevando a cabo, con testimonios en primera persona, y ofrece consejos y recursos útiles para defender el derecho a la vivienda y evitar los abusos de poder de las entidades bancarias. Asimismo el libro también recoge las últimas informaciones sobre la intervención de Bankia y la posibilidad del abandono del euro. Vidas hipotecadas: El drama en cifras y la lucha de la PAH – Desde que empezó la crisis, en 2007, más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado han dejado cientos de miles de familias en la calle y con una deuda de por vida. Pero detrás de las cifras hay personas, vivencias, proyectos que se truncan, sueños que se convierten en el peor de las pesadillas. Vidas hipotecadas, voces y testimonios que ponen rostro a los números y estadísticas. – Instaladas en el dogma de que el precio de la vivienda nunca baja, las entidades financieras diseñaron un perverso sistema de incentivos que premiaba a los agentes comerciales que conseguían colocar en el mercado un mayor número de hipotecas. Entre los años 1998 y 2007, el número de hipotecas formalizadas anualmente fue del orden de 822.000. Más de 8 millones en total. – A través de la lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se han conseguido cientos de daciones en pago y condonaciones de deuda una vez realizada la subasta y se han paralizado cerca de 200 desahucios. Asimismo, se ha conseguido que familias amenazadas de desahucio continuen en el piso en régimen de alquiler, y en los casos en que no se ha podido evitar el desahucio se ha presionado a la Administración para realojar a las familias en viviendas públicas.
http://afectadosporlahipoteca.com/wp...ipotecadas.pdf
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