1. La derogación inmediata de las leyes en las que se han amparado, con la excusa de la crisis, para imponer unos recortes a todas luces inasumibles, pues afectan directamente a los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, para subsanar la situación creada, consideramos necesaria la toma de medidas de emergencia, como la paralización inmediata de todos los desahucios, y la puesta a disposición de la población, a precio de alquiler social, de las viviendas en propiedad de los bancos y cajas que hayan sido ayudados con fondos públicos.
2. Paralización del pago de la deuda pública hasta realizar una auditoría en la que se dirima qué partidas son legítimas y qué partidas deben ser consideradas ilegítimas por haber sido contraídas para favorecer intereses privados, y que por tanto no han de ser pagadas por la población. Igualmente exigimos el procesamiento de todas aquellas personas que se demuestren sospechosas de haber participado en la contracción de esas partidas de deuda ilegítima, y que respondan con sus bienes en caso de resultar culpables.
3. La creación de nuevos empleos, cuya primera premisa sea la sostenibilidad, y cuyo fin sea el desarrollo de la humanidad, así como la gestión coherente de los empleos disponibles de tal modo que toda la población pueda trabajar para vivir pero no se vea obligada a vivir para trabajar. Es una enorme falacia que haya que trabajar cada vez más, falacia sustentada en la avaricia de los grandes intereses y contraria a los de la gente común.
4. Nacionalización y control público de sectores estratégicos y de primera necesidad para la sociedad: banca, energía, agua, sanidad, educación, gestión medio ambiental,…
Fundamentalmente, durante el proceso de transición, se deberán articular las medidas adecuadas para permitir a la población expresar su opinión, participar en el proceso de decisión sobre el nuevo modelo de organización social que desea, así como garantizar en todo momento la total transparencia del proceso.
Entendemos que llegado este momento, es la sociedad quien debe definir la forma de organización en la que desea vivir, y nuestro compromiso a partir de este punto, como plataforma impulsora de la acción rupturista, es contribuir activamente para que el nuevo modelo se asiente en unas bases que garanticen la soberanía del pueblo, y que excluyan cualquier sistema que no lleve implícito los principios básicos definitorios de una verdadera democracia, como las monarquías y otros modelos totalitarios.
Un pueblo no es menos esclavo por haber elegido en libertad a su opresor, por lo tanto la decisión del nuevo modelo debe estar supeditada a principios que garanticen, no solo la libertad presente del pueblo que elige, sino la libertad de sus futuras generaciones.
Este es el momento de apostar por el cambio real, todo aquello por lo que no luchemos ahora, probablemente no tendremos posibilidad de alcanzarlo en mucho tiempo. El 25 de septiembre rodeamos el Congreso… ¡Por la devolución de los poderes al pueblo! ¡Por el fin de las políticas neoliberales! ¡Por la dimisión del gobierno actual! ¡Por la creación de empleo! ¡Por la justicia e igualdad social! ¡Por el respeto a todos los derechos fundamentales y a las libertades individuales! ¡Por unas políticas económicas de igualdad y reparto! ¡Por nuestras futuras generaciones! ¡Por el derecho de rebelión! ¡Abajo el régimen!
Somos la inmensa mayoría, somos el pueblo, tenemos razón, y no vamos a dejaros pasar.
NOTA: Este es un documento base abierto a futuras revisiones en función del lógico proceso de maduración y evolución de la plataforma ¡En Pie!, así como de la acción que proponemos.
(*) Entendiendo organización republicana en su acepción natural, estamos hablando de la “res pública”, del sistema base aglutinante de todas las corrientes… De igualdad ante la ley, de división de poderes, de la “cosa pública” o lo “pro común”, de una forma de gobierno donde la soberanía es del pueblo.