La maquinaria judicial se pone en marcha. La policía descubre que detrás de la identidad de Ruben Al-Chidiak se esconde Falciani. El 20 de diciembre de 2008, el francoitaliano y su compañera de viaje son detenidos e interrogados, según la fiscalía suiza. El informático es puesto en libertad acto seguido y, al día siguiente, pone tierra de por medio. Quinientos dieciocho kilómetros exactamente. Hacia el sur. Se instala en Castellar, el último pueblecito francés de la Costa Azul pegado a la frontera italiana. A escasos kilómetros de Montecarlo, donde nació. En medio de los dos países de los que tiene pasaporte. Más allá de las garras de Berna, porque ni Francia ni Italia extraditan a sus nacionales. Pero Berna insiste. Quiere recuperar como sea el material que Falciani se descargó, y que la fiscalía y el HSBC consideran robado, y lanza una orden de detención internacional contra él. Pero en esta persecución desesperada Suiza comete un error de bulto. Sin dar demasiadas pistas sobre el contenido del ordenador del informático, pide a Francia que registre su domicilio, se incaute del portátil y le envíe los archivos. Francia registró su domicilio a petición
de Suiza, pero cuando vio el contenido del ordenador se lo quedó
20 de enero de 2009
El viceprocurador de la República en Niza, el número dos de la fiscalía de esa ciudad, se planta con un retén de policía en el número 2601 de la carretera de Condamine, en Castellar. Es la casa en la que Falciani y su familia se han instalado tras abandonar Ginebra. Tienen una orden de entrada para requisar “una serie de datos personales robados” que reclama la justicia suiza. La rutinaria diligencia se convierte en un hallazgo excepcional al inspeccionar el Mac. El viceprocurador, sobre el terreno, se da cuenta de que no son simples nombres, teléfonos, direcciones, correos electrónicos o números de documento. Se trata de nada menos que de 130.000 cuentas de supuestos evasores fiscales. Lo comunica sobre la marcha a su superior, el entonces fiscal de Niza, Éric de Montgolfier, que abre su propia investigación. Pero no contra Falciani, sino contra los supuestos defraudadores. La lista Falciani se queda en Francia. La información del exempleado del HSBC en Ginebra comienza a circular.
El asunto desata una crisis diplomática entre Francia y Suiza. Berna acusa a París de haberse quedado ilícitamente con unos datos robados. El Gobierno suizo llega a amenazar con no ratificar un tratado contra el fraude fiscal entre ambos países que debía entrar en vigor al año siguiente, en 2010. El Gobierno de Sarkozy, por su parte, responde amenazando con incluir a Suiza en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE. “Falciani negaba que los hubiera sustraído”, recordaba Montgolfier el pasado febrero al diario digital francés Mediapart. “Todo lo que sé es que fui yo quien se quedó con esos datos. No es Falciani el que me los ha enviado. Los recabé porque Suiza me pidió que lo hiciera sin decirme exactamente de qué se trataba”, continuaba el fiscal francés. “Lo supimos cuando los confiscamos. Era una información que concernía a nuestro país”.
La fiscalía suiza, sin embargo, tiene otra versión. Sospecha que Falciani ya había contactado con la agencia tributaria francesa antes del registro de su casa. El ministerio público de Berna asegura que, tras el fiasco de su viaje a Líbano, como botón de muestra, habría transmitido al fisco francés una lista de siete presuntos defraudadores franceses con cuentas en Suiza elaborada por él mismo. Que Francia, por tanto, ya sabía lo que se iba a encontrar en esa casa de Castellar. Se estima que el dinero
evadido al paraíso suizo,descubierto
gracias a la ‘lista Falciani’, asciende a 6.000 millones
Los franceses, sin embargo, consideran que esa información y el modo en el que la consiguieron son completamente lícitos. Los ficheros incautados contienen datos personales de 130.000 personas, sí, pero también sus saldos de cuentas, apuntes bancarios y notas e informes de visitas de estos al HSBC. Montgolfier, ayudado por la gendarmería, encuentra entre ellos a más de 8.000 supuestos defraudadores franceses, entre personas y sociedades. El caso salta a los medios en agosto de 2009. El ministro de Hacienda del Gobierno de Sarkozy, Éric Woerth, anuncia estar en posesión de una lista de 3.000 cuentas suizas sin aclarar su origen. “Es la primera vez que disponemos de este tipo de informaciones, concretas, con nombres, números y haberes”, dice el ministro, que posteriormente reconocerá a Falciani como una de las fuentes de esa información. Woerth invita a sus titulares a acudir voluntariamente ante el fisco para regularizar su situación. Desde entonces, 4.200 personas se han presentado ante la inspección fiscal. Hasta el momento, Francia ha recuperado 1.200 millones de euros en impuestos impagados. Gracias a los datos de Falciani.
Los pocos nombres que saltan a la prensa francesa generan una sucesión de escándalos. El mayor, el de Patrice de Maistre, el asesor financiero de Liliane Bettencourt, propietaria del imperio L’Oréal, la mujer más rica de Francia, acusada de financiar de forma ilegal las campañas de la Unión por un Movimiento Popular (UPM), el partido del expresidente Sarkozy. Es el fiscal Montgolfier, no Woerth, quien revela la información y comunica que De Maistre aparece. El fiscal está sorprendido de que el ministro —también tesorero de la UPM— diga que en la lista hay 3.000 nombres cuando en realidad son 5.000. Entre ellos, junto al gestor de Bettencourt, también aparece Arlette Ricci, la heredera de la marca de perfumes Nina Ricci, ahora perseguida por fraude y blanqueo de dinero. Y políticos, como Jean-Charles Marchiani, mano derecha del exministro del Interior Charles Pasqua. Mientras el fisco francés investiga, Suiza sigue presionando para que Francia le devuelva el ordenador de Falciani. París no lo hace hasta febrero de 2010. Antes, la fiscalía envía copias a todos los países con los que tiene tratados de cooperación en materia fiscal y se lo solicitan.