Las irregularidades
Todo este proceso ha presentado serias irregularidades. No hemos podido estar presentes en todo el registro; el juez que instruye el caso ha obviado nuestra presunción de inocenciay nos ha acusado públicamente de ser los responsables de los hechos así como de ejercer el terror; la Audiencia Provincial ha declarado que nuestra puesta en prisión preventiva no estaba justificada; pocas horas después de los registros las imágenes de nuestras casas estaban siendo emitidas por los medios de comunicación violando así el secreto de sumariobajo el cual se encontraba nuestro proceso.
Todo ha sido orquestado con un único objetivo: confeccionar una historia para generar “nuevos terroristas” y poder justificar cualquier maniobra policial y judicial contra nuestro movimiento. Para ello se sirven de registros espectaculares, detenciones en varios lugares del Estado, puesta en prisión preventiva de varios activistas y declaraciones del juez a los medios de comunicación llamándonos “ecoterroristas”.
¿Qué es eso del “Ecoterrorismo”?
El término “ecoterrorismo” fue acuñado en 1982 por Ron Arnold, vicepresidente de un grupo de relaciones públicas financiado por las industrias de explotación animal. El término fue inventado para desacreditar a quienes atentan contra sus intereses comerciales.
En una declaraciones al New York Times en 1991 decía:
«Nosotros, el Centro para la Defensa de la Libre Empresa, hemos creado un sector de opinión pública donde antes no existía.
Nadie pensaba que el ecologismo fuese un problema hasta que llegamos nosotros.
Nuestro objetivo es destruir y erradicar el movimiento ecologista, estamos muy cansados.
No vamos a aguantar más, vamos muy en serio y lo vamos a destruir.»
Sus intenciones eran claras: el movimiento ecologista y el movimiento de Derechos Animales son un problema para las empresas que se lucran con la explotación de los animales y con la destrucción de la tierra y por ello hay que destruirlos.
El uso del término “ecoterrorismo” viene a seguir el mismo patrón que el uso del término “terrorismo”: un cajón de sastre donde poder incluir a cualquier activista que suponga una amenaza para los poderes económicos y políticos.
La represión a nivel internacional
Todo este golpe represivo forma parte de una agenda internacional dirigida a destruir al movimiento de Derechos Animales. Nuestro movimiento cuestiona la explotación de los animales y promueve el veganismo. Cada persona que deja de participar en la explotación animal afecta a la demanda y por tanto a las empresas que se lucran con la explotación y muerte de animales. No estoy hablando de una cantidad insignificante, solamente en los Estados Unidos el número de veganos ascienda ya a siete millones sin contar una cantidad aún mayor de personas que han decidido dejar de comer carne o dejado de usar pieles fruto de campañas pro-veganismo.
La investigación en granjas peleteras llevada a cabo en Noruega por la organización Network for Animal Freedom, similar a las investigaciones que hemos realizado en Equanimal e Igualdad Animal, ha generado una situación que podría culminar en el cierre de todas esas granjas. La Organización Empresarial Española de Peletería (OEEP) forma parte de la Asociación Europea de Criadores de Pieles (EFBA) y es muy consciente de toda esta situación, por ello no es casual que hace dos meses escribiera un comunicado titulado “El sector peletero reclama medidas de sanción ante posibles ataques animalistas” que pedía a la Delegación del Gobierno que nos vigile:
«Ante las situaciones de coacciones graves que se producen, impidiendo el ejercicio del derecho fundamental al trabajo, anteponiendo el ejercicio de la libertad de expresión, vengo a requerir de la Delegación una vigilancia y prevención de acciones que excedan de lo legítimo, instando de vosotros el amparo debido a una actividad empresarial absolutamente legal.»
Con esto alertaban del supuesto peligro que suponía la realización de una manifestación legal frente a una granja de visones en Madrid convocada por Igualdad Animal. Tienen miedo a que sus negocios sean mal vistos por la sociedad y van a hacer todo lo posible para acabar con nosotros.
LA AEPA Y LA AETA (Animal Enterprise Terrorism Act)
En 1992 varias empresas estadounidenses relacionadas con la explotación animal se reunieron a modo de lobby con diferentes representantes políticos para crear una nueva ley, la AEPA, que convertía en delito cualquier práctica que interfiriese en las empresas de explotación animal,dando al juez libertad para interpretar qué es interferir y qué no lo es.
Bajo esta ley, y a falta de pruebas, seis activistas de SHAC, fueron condenados a seis años de cárcel por administrar una web. Años más tarde, en el 2006, las empresas que propusieron la AEPA repitieron los mismos argumentos —defender sus negocios de los ataques violentos perpetrados por los defensores de los animales— alegando que la AEPA no era suficiente con el objetivo de crear una ley aún más dura: la AETA (Animal Enterprise Terrorism Act). Esta nueva ley define con más exactitud qué es una “industria animal” pudiendo cubrir más acciones de los activistas a empresas relacionadas con el negocio. Si“industria animal” es cualquier negocio relacionado con la explotación animal pudiendo ser éste desde su agencia de publicidad hasta su empresa de mensajería, y si “interferir”es un término tan ambiguo que puede referirse a quien quema un matadero como a quien reparte un folleto delante de una carnicería, las posibilidades de esta ley de acusarnos a todos los activistas de “terroristas” son absolutas.
La AETA considera que entrar en una granja sin permiso a grabar la situación que viven allí los animales es “terrorismo”. Algo que todo consumidor debería conocer permanece oculto por estas industrias —y es sólo gracias a activistas que logramos infiltrarnos en dichas industrias, bien mediante cámaras ocultas o bien entrando sin permiso— que la situación que padecen los animales sale a la luz y es conocida por la sociedad.
EUROPA, INGLATERRA, FINLANDIA, ASBO´s E INTERPOL
El 01 de marzo del año 2007 la policía belga y holandesa llevó a cabo treinta y dos redadas policiales para las que hicieron falta setecientos agentes en el mayor intento de acabar con el movimiento de Derechos Animales en Europa que ha tenido lugar hasta la fecha.
Treinta activistas fueron detenidos y dieciséis de ellos fueron acusados de conspiración por sus campañas pacíficas contra HLS. El 21 de Enero del año 2009 siete activistas de SHAC UK fueron condenados a once años de cárcel.
A muchos de los activistas que fueron detenidos se les aplicaron las ASBO´s —medida introducida por Tony Blair en el año 1998 cuyas siglas hacen referencia a Orden de Conducta Antisocial— cuya finalidad es restringir ciertas libertades a las personas que potencialmente pueden cometer algún delito. Cuando las ASBO´s son dirigidas a activistas en defensa de los animales se busca penalizar cualquier participación en una campaña por legal que sea ésta. En el caso de los activistas de SHAC, cualquier acto o participación en una campaña contra la vivisección, administrar un sitio web u organizar una reunión podría significar su entrada o vuelta a prisión.
En un informe de la Europol en el año 2002 titulado Situation in the terrorist activity in the European Union: situation and trends hay una cuestión que llama mucho la atención:
En adición a estos ataques —refiriéndose a los sabotajes a infraestructuras perpetrados de forma clandestina— los activistas extremistas por los Derechos Animales utilizan métodos de desinformación para desacreditar a sus objetivos y conseguir la aceptación del público. Imágenes de animales enfermos y explotados son hechas públicas en documentos audiovisuales.
Se hace referencia a que las investigaciones en granjas de explotación animal, a las que en ocasiones han acudido periodistas, pueden ser consideradas prácticas “terroristas”. Esto es de una alarmante gravedad que pone de manifiesto las intenciones políticas que están detrás de todo esto cuyo único fin de destruir nuestro movimiento.
En el año 2009 la organización finlandesa Oikeutta Eläimille (Justicia para los Animales) hizo pública una investigación sobre la industria de la explotación de cerdos. Esta investigación dió lugar a un gran debate social y dos años más tarde Karry Hedberg y Saila Kivelä, dos de los participantes en dicha investigación, reconocieron públicamente haber grabado las imágenes.
Los granjeros que acusaron a Karry y Saila de “difamación grave” y para los que pidieron una compensación económica de 180.000 euros ni siquera se percataron de la incursión de estos activistas en sus granjas porque en sus visitas ni dañaron la propiedad ni forzaron la entrada. Finalmente fueron absueltos.
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Santa-cruzense registra maus-tratos de animais há cinco anos Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal
