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    El secuestro político de la Soberanía Popular


    solo apuntar q ya hay una ILP q ha llegado a puerto. La antitaurina en Catalunya

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    El secuestro político de la Soberanía Popular

    ESN: 4980307100541516920 | © infopor rux @ 2007



    Aunque “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.” (Artículo 1, apartado 2 de la Constitución española), y los ciudadanos tengamos derecho a “participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,” (artículo 23), el único acto vinculante de soberanía que podemos ejercer los españoles es elegir qué partido político nos representará durante los próximos 4 años. El resto de decisiones de Gobierno quedan delegadas en nuestros representantes, y lo llaman democracia.

    Parece que a nadie le importe que la participación directa de los ciudadanos en los asuntos de Gobierno quedara reducida a su mínima expresión en el texto constitucional. Quizá fuera una medida necesaria para proteger la estabilidad de la nueva “democracia” que se estaba desarrollando en España. Sin embargo, hoy en día, dicha medida supone una excesiva dependencia de la ciudadanía respecto a nuestros “representantes” políticos, y convierte a nuestro actual sistema en una democracia de segunda fila.
    Los partidos políticos que han gobernado desde la ratificación de la Constitución nada han hecho por desarrollar nuevas formas de participación directa. A sabiendas de que el sistema electoral les favorece y que nada pueden hacer los ciudadanos para controlarlos hasta las siguientes elecciones, la clase política se ha dedicado a gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo, limitando el desarrollo del país a los periodos (pre)electorales: verdaderos “sprits” dónde los políticos nos bombardean con proyectos que no han considerado oportuno proponer/realizar durante los 4 años anteriores. ¡Que bien nos iría si hubiera elecciones todos los años!.


    Los ciudadanos: fuente de la soberanía y de los poderes del estado

    Además de elegir a nuestros representantes, los ciudadanos tenemos el deber de controlar que sus decisiones sirven a nuestros intereses colectivos, una labor que no estamos realizando por diversos motivos. El más importante, a mi juicio, es la falta de instrumentos en nuestro ordenamiento jurídico para desempeñar dicho control, aunque no menos importante es la falta de información y de formación necesaria para realizarlo de forma efectiva. Estrategias todas ellas con un único objetivo, neutralizar el control ciudadano, ya que no hay mayor pesadilla para un “político” que una ciudadanía informada y capaz de pensamiento crítico.

    No ha sido hasta hace bien poco que el Gobierno ha decidido implementar la recomendación del Consejo de Europa de introducir en el currículo de la enseñanza obligatoria una formación específica que aborde los principios teóricos y prácticos de la Democracia. Una asignatura dirigida a fomentar el pensamiento crítico, a desarrollar las habilidades para defender el punto de vista propio en un debate, a enseñar a valorar las aportaciones de quienes discrepan, y a conocer tanto la organización política del Estado como los derechos que tenemos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española, primer paso para defenderlos.

    Educación para la Ciudadanía es una asignatura cuyo objetivo es proporcionar a los futuros ciudadanos conocimientos y capacidades suficientes para poder gobernarse por sí mismos, y constituye un importante pilar para una sociedad libre. Por eso, resulta sorprendente que políticos en activo se opongan abiertamente a la implantación generalizada de una formación que tan bien les hubiera venido (a algunos) para desempeñar sus cargos de administradores de la soberanía popular. Sin embargo, esta formación por sí sola no es suficiente si no se disponen de mecanismos adecuados para canalizar la voluntad popular.


    La Iniciativa Popular limitada a proposiciones de ley

    El más importante mecanismo de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos y de gobierno es la Iniciativa Popular, mediante la cual un número suficiente de electores pueden exigir la consideración política de un determinado asunto público. En España, la única modalidad contemplada de Iniciatica Popular es aquella que permite realizar proposiciones de ley sobre asuntos no relacionados con leyes orgánicas (como, por ejemplo, las leyes que regulan el régimen electoral, la propia iniciativa popular (:O), el referéndum, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el código penal, la educación o la libertadad sindical, por citar algunas de las muchas que hay). Tampoco se puede utilizar para decidir sobre asuntos tributarios o de carácter internacional (Art. 87).

    Es triste que no se permita el uso de tan importante mecanismo de participación ciudadana para modificar el ordenamiento político del Estado, ni para exigir la convocatoria de un referéndum sobre decisiones que la ciudadanía considere importantes y que no pueden esperar a los siguientes resultados electorales (como, por ejemplo, una intervención armada).

    Además, dado que sólo se insta la tramitación parlamentaria de proposiciones de ley, no existe ninguna obligación por parte de las Cortes de debatir seriamente la propuesta o realizar una contrapropuesta. Así se explica que ninguna de las 55 propuestas de Iniciativa Legislativa Popular presentadas hasta la fecha hayan superado su tramitación parlamentaria (en el buscador del Congreso, seleccionar todas las legislaturas e “Iniciativa Legislativa Popular” en tipo de iniciativa).


    La figura del Referéndum no vinculante

    El otro gran mecanismo de participación directa de que disponen los ciudadanos es el referéndum, expresión máxima de la voluntad popular. Dicho mecanismo está regulado por el artículo 92 de la Constitución, que en su apartado primero sintetiza muy bien el espíritu paternalista de Carta Magna: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Por un lado, no se establece la obligatoriedad de someter a referéndum las decisiones de especial importancia política. Por otro, se determina que, de hacerse, el referéndum será consultivo o, lo que es lo mismo, no vinculante.
    En el caso de que la palabra referéndum necesitase un adjetivo, el adecuado sería VINCULANTE, adjetivo que no aparece ni en la Constitución ni el la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum. Me pregunto qué sentido tiene solicitar a los ciudadanos que se pronuncien sobre un asunto de Estado si no es para acatar la decisión que adopten.
    Semejante medida solo se puede justificar desde el convencimiento de que los ciudadanos españoles no sabemos lo que nos conviene, a pesar de que hemos votado afirmativamente a todas las propuestas realizadas en referendo hasta la fecha, haciendo caso a lo que nos dicen los políticos.

    Como colofón, el apartado tercero de dicho artículo establece que los referéndum sólo pueden ser convocados por el Presidente de Gobierno, y en ningún caso mediante Iniciativa Popular, por lo que en la práctica es un instrumento que carece de contenido. ¿Quién mejor que los propios ciudadanos, de quienes emanan los poderes del Estado, para convocar un Referendum?.
    Última edición por Snickers; 22-may-2011 a las 11:10
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    por rux @ 2007


    El inexistente derecho a la revocación de cargos públicos

    Aunque parezca una obviedad decirlo, los cargos públicos trabajan para el conjunto de los ciudadanos, no para ellos mismos, ni para empresas privadas ni para particulares influyentes. Afirmo esto porque, a veces, parece que se olvidan de para quién deberían trabajar (Canon, Ley del Libro, Ley del Cine). Desgraciadamente, no existe ningún mecanismo para vetar su labor, al menos en España.

    En este sentido, algunos Estados de EE.UU, Canadá y Venezuela han incorporado a los procesos de participación ciudadana la revocación de cargos, que permite a los ciudadanos desposeer de su cargo a cualquier funcionario o representante público. Este derecho, no contemplado en nuestra Constitución, sirve para apartar de la función pública a cualquier persona presuntamente corrupta y/o incompetente, y evita el fraude a la voluntad de los ciudadanos que supone el transfuguismo, actualmente amparado en el artículo 67.2 de la Constitución.

    De existir este derecho, nuestros representantes y los integrantes de la maquinaria del Estado tendrían mucho cuidado con lo que dicen y hacen, estarían más sensibilizados con las inquietudes de sus conciudadanos y nos ahorrarían bochornosos espectáculos como este. A diferencia de la vía penal, no es necesario esperar a juicio ni sentencia firme, y se podrían castigar actuaciones cuestionables que no constituyen un delito, pero que los ciudadanos consideren inaceptables. Es un procedimiento rápido y democrático que mejoraría drásticamente la calidad de nuestros políticos.
    Hasta el día en que esto sea posible, deberemos conformarnos con cambiar el sentido del voto en las siguientes elecciones, pero eso no garantiza que la persona en cuestión sea desposeída de su escaño, porque son los partidos políticos los que establecen el orden de sus listas, y dicha medida no afecta a los cargos que son nombrados por nuestros representantes o se obtienen por oposición. No hay manera de deshacerse de un mal Defensor del Pueblo, Gobernador del Banco de España, o Presidente del Gobierno sin desacreditar al partido que lo nombró (con el que se puede seguir estando de acuerdo a pesar de su equivocada decisión).


    Segunda Transición hacia la Democracia

    En mi opinión, los padres de la Constitución dejaron en el tintero buena parte del concepto de Democracia. Por tanto, queda pendiente una reforma que desarrolle plenamente los mecanismos de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, hasta equipararlos con los mecanismos de representación de que disponemos en España, y con los derechos existentes en los países de nuestro entorno.

    Existe en marcha una campaña de recogida de firmas para una “Propuesta de Reforma Constitucional para profundizar en la participación democrática“. La aprobación de las medidas que recoge la propuesta, que como hemos visto no puede plantearse como Iniciativa Legislativa Popular, abriría las puertas a la Democracia (con mayúsculas) en España y cambiaría nuestra realidad actual casi tanto como lo hizo la Constitución en su día.

    Aunque recomiendo encarecidamente la lectura del (breve y claro) texto original, las ideas que plantea se pueden resumir en otorgar más importancia a la iniciativa popular, en cuanto expresión directa de la voluntad popular, permitiendo su uso para:

    • Crear o modificar leyes de cualquier rango, incluidas leyes orgánicas y la reforma constitucional (expresamente prohibido por el Art. 166). También derogar leyes ya aprobadas por el Parlamento.
    • Ratificar o derogar tratados internacionales, aunque el Gobierno se oponga a hacerlo.
    • Elegir y Revocar cargos públicos.

    La reforma también recoge la obligatoriedad de someter a referéndum las propuestas elevadas al Congreso por Iniciativa Popular, pudiendo optar los ciudadanos entre apoyar la formulación original del proyecto, la modificada tras la tramitación parlamentaria (de haberla), o ninguna de las dos. De esta forma se evitaría que, como hasta ahora, se ignorasen las propuestas legítimas del pueblo soberano.

    Por último, redefine la figura del referéndum como una consulta vinculante en cuanto expresión directa de la voluntad popular, y se permite su convocatoria en el ámbito local y autonómico a instancia de sus Gobiernos y/o ciudadanos, siempre que el tema consultado entre dentro de las competencias que son propias a dichas instituciones.

    Estas propuestas no son sino la concreción práctica de los principios de la Democracia Directa, una forma de organización política más democrática que la actual y que, de implantarse, probablemente enriquecería el debate político, aumentaría la cohesión social, produciría consensos más sólidos y duraderos sobre las normas por las que nos regimos. También mejoraría la gestión del Estado y sus recursos, ya que obliga a los poderes del Estado a justificar más y mejor sus actuaciones, y deja siempre la última palabra en manos de los ciudadanos.


    La oportunidad de una vida: Reforma constitucional de 2008

    Para poder disfrutar de una Democracia mejor es imprescindible reflejar medidas como estas en la Constitución. José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a realizar una reforma parcial de la Constitución a principios de 2008, coincidiendo con el final de la legislatura. En principio dicha reforma se limitará a la equiparación entre hombre y mujer a la hora de heredar la jefatura del Estado y a la reforma del Senado, dejando de lado iniciativas para dotarnos de una Constitución que impulse el desarrollo social y económico del país, como las aquí expuestas.

    Algunos partidos políticos minoritarios se proponen aprovechar la ocasión para incluir en la reforma medidas como las mencionadas, la reforma del sistema electoral o una mayor separación de poderes, entre otras. Si quieres disfrutar de un país más Democrático tendrás que confiar en ellos, porque ni PP ni PSOE abanderarán jamás cambios de este tipo.

    Esta reforma Constitucional es todavía más urgente dado que 1) Se elaboró bajo la supervisión de una dictadura militar y 2) No la han votado más del 67% de los españoles (todos los menores de 47 años, y aumentando cada año). La decisión está en tus manos: Segunda Transición o más de lo mismo. Nos vemos en las urnas.
    Última edición por Snickers; 22-may-2011 a las 11:05
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    Historia, democracia y «acción popular»

    «No acierto a imaginar un solo fundamento jurídico-constitucional justificativo de que el borrador del TC se convierta en sentencia. Pero no hay ninguna razón para desactivar la “acción popular”e infligir así una herida mortal ala Constitución misma»


    POR ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS

    Día 25/05/2011


    NO hace mucho apareció en ABC la inquietante noticia de que el Tribunal Constitucional (TC) disponía de un borrador por el que quedaría prácticamente neutralizada la posibilidad de que siga hasta el final un proceso penal impulsado por la llamada «acción popular». Adelanto que la conversión de ese borrador en sentencia supondría, a mi entender, no ya una agresión gravísima a la Constitución a manos de su principal guardián institucional, sino un golpe de muerte a la democracia en España.


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    ¿Son las elecciones la fiesta de la democracia?

    ESN: 4159908030933312212 | © infopor rux @ 2008

    Cuanto más me informo, más motivos encuentro para afirmar que España no es una Democracia. No lo es porque los ciudadanos no pintamos nada, algo de lo que es implícitamente consciente hasta el más convencido votante.

    En España no gobierna (“-cracia”) el pueblo (“demo-”), ya q carecemos de medios eficaces para el ejercicio directo de la soberanía, y los medios indirectos (a través de representantes) se encuentran supeditados a la voluntad de los partidos políticos, protegidos por nuestro injusto sistema electoral, que beneficia descaradamente a las formaciones parlamentarias más grandes, fomenta el bipartidismo y el mantenimiento del “status quo”.

    Lo poco q podemos hacer por nosotros mismos es presentar iniciativas populares, que están limitadas a hacer propuestas de ley sobre temas no regulados por leyes orgánicas (los verdaderamente importantes) y, hasta la fecha, no han superado el trámite parlamentario a pesar de haber reunido suficientes firmas para presentarse. También podemos votar los referendums que convoca el gobierno sobre los temas que le interesan (¿para cuando un referéndum sobre el aborto o la eutanasia?), aunque poco importa, porque su resultado no es vinculante para los poderes del Estado.

    Lo q sí que es vinculante son los resultados de las elecciones, por eso el sistema electoral está basado en listas cerradas, para q los ciudadanos sólo puedan decidir qué partidos elegirán a las personas que se sientan en el Congreso y en el Senado, q es lo que pasa cuando los ciudadanos no podemos elegir ni la composición ni el orden de las listas que votamos.

    Una vez en sus puestos, los representantes de los ciudadanos administran nuestra soberanía sin q podamos ejercer ningún control sobre su labor. Pese a q se supone que les elegimos nosotros, no podemos auditar su trabajo ni cesarlos de sus puestos.

    Hoy empieza un nuevo ciclo, unas nuevas elecciones en las que la gente vuelve a votar, sin saber muy bien por qué y, en muchos casos, para q no gane otra opción. Esta proclamada “fiesta de la democracia”, a la q por cierto no parece haber sido invitada, es un claro reflejo de la calidad democrática del sistema de gobierno q se legitima con estas elecciones.

    El colegio electoral
    Al llegar al colegio recuerdo demasiado tarde algo q ya observé en 2004, q entre las 11h y las 13h el colegio electoral está hasta la bandera. Busqué las cabinas q garantizan q el voto sea secreto y encuentro esto.



    Sin papeletas en el interior (ni donde ponerlas), sin bolígrafo para marcar el senado, y una cortina q no cierra bien ni cubre completamente. Así q toca coger las papeletas del pasillo a la vista de todo el mundo (cogiendo varias si se quiere disimular).

    Esperando la cola para votar, escucho un comentario propio de tan “democrático” día. Un señor de unos cincuenta y tantos comenta “Hay mucha participación… esto NO nos beneficia”.

    Si el ser humano fuera racional, este comentario sólo podría provenir de un afiliado a un partido minoritario al que, lógicamente, la alta participación resta posibilidades de conseguir un representante. Sin embargo, dada la composición electoral de Madrid, donde los partidos minoritarios están a 100.000 votos de su primer escaño, me cuesta creerlo que sea el caso.

    Incluso aunque fuera de “Unión Progreso y Democracia” o “Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía”, que aspiran (como todos) a conseguir un escaño en Madrid, me cuesta creer que un votante de estos partidos, que se venden como “diferentes”, le interese una baja participación, ya que es más probable que les vote un abstencionista que un votante de otro partido grande.

    Desde luego que no creo que se tratara de un abstencionista activo, que piensa nuestro sistema de gobierno no es democrático, que no encuentra ningún partido político que defienda esta postura (aunque quizás los haya, y si no se pueden fundar), y que no está dispuesto a renunciar a su soberanía durante 4 años. Aunque a este colectivo le podría interesar una alta abstención que fuerce un cambio de modelo de gobierno (para mejor, claro), desde luego no te los encuentras en un colegio electoral papeleta en mano y, sobre todo, se toman mucho más en serio la democracia que los ciudadanos medios como para decir esto.

    Así pues, supongo que se tratará de un votante informado de izquierdas, que sabe que nuestro colegio electoral es mayoritariamente de derechas (65% aprox en las últimas elecciones generales, en las que fui vocal del mesa) y sabe que tanta gente significa muchos votos para “los otros”. Aunque me inclino más por pensar que se trate de un votante del PP que ha oído que una alta participación les perjudica. Toda especulación está abierta a discusión…

    También en la cola, dos mujeres que están delante mio me preguntan si tenía un bolígrafo, y ya puestos, cómo se vota al senado. Esta pregunta, que me han hecho bastantes veces a lo largo de esta campaña, retrata la ignorancia con la que mucha gente “ejerce su soberanía”. Estoy seguro que si la gente comprendiese la ley electoral, el sistema político se desestabilizaría.

    Rápidamente les explique que se pueden votar hasta tres candidatos, del mismo o diferentes partidos, aunque sigo sin comprender por qué las instrucciones para votar al senado no figuran en la propia papeleta… por falta de espacio no será.


    Lo que no les expliqué fue que esta restricción existe para evitar que todos los senadores de una circunscripción pertenezcan a la lista más votada, que es lo que pasaría siguiendo el sistema de asignación actual.

    Afortunadamente para ellas, me limité a prestarles mi rotulador verde anti-fraude electoral, que uso para que resulte más evidente cualquier intento de manipular mi voto minoritario marcando más opciones de las permitidas, y evitar que se confunda con uno en blanco (porque no vean rápidamente que he marcado opciones raras).

    Bueno, ya me toca. A pesar de ser candidato al Senado, entregué mis papeletas a la Presidenta de la mesa, quien fue la que introdujo mis votos en las urnas, como exige la ley (Art. 86.3 LOREG) y a diferencia de lo que hacen los políticos (ver I, II, III y IV)… ¡¡que encima se equivocan!!.

    De vuelta a casa me encuentro que, todavía, no se ha retirado las banderolas electorales, contraviniendo el apartado primero del acuerdo 34/2008 de la Junta Electoral de Zona de Madrid, que exigía su retirada antes de las 6:00h del día 7 de marzo. Si alguien quiere ayudar a denunciarlo puede mandar enlaces a fotos de calles de Madrid (indicando la calle de que se trata) donde se vea claramente la banderola, la placa del nombre de la calle (u otro mobiliario urbano que permita identificar el lugar) y un periódico del 8 de marzo o posterior.




    El Escrutinio

    El escrutinio de mi mesa en las elecciones de 2004 fue, cuando menos, irregular. Los interventores de los partidos políticos, que tienen voz en las deliberaciones de la mesa pero no voto, empezaron a “aconsejar” a la mesa cómo hacer el recuento. A la presidenta, que sólo pensaba en irse a casa, le pareció adecuado que abriéramos las urnas (de una en una, claro), y, entre todos, abriéramos los sobres y fuéramos haciendo montones.

    Aunq más rápido, esta forma de recontar no es la que establece la ley, y es propensa a errores de recuento. Sólo la presidenta de la mesa puede extraer los votos de la urna, de uno en uno, cantarlos y mostrarlos a los miembros de la mesa. Sin duda es un proceso más lento, y especialmente desalentador si eres parte de la mesa electoral más grande del colegio y estás recontando los votos de unas elecciones con alta participación.
    Última edición por Snickers; 28-may-2011 a las 00:23
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    Confieso que, aunque me quejé, al resto de miembros de la mesa e interventores les pareció que estaba loco por querer recontar así, y no tuve suficiente valor para defender la ley, ya que podría haber amenazado con no firmar el acta de la mesa en protesta.

    Con el “método rápido” acabamos a las 1:00am, si hubiéramos recontado los votos según establece la ley seguramente habríamos acabado a las 3 o 4 de la mañana, pero tampoco hubiera sido tan grave porque los miembros de la mesa tienen por ley un permiso retribuido de 5 horas la jornada siguiente a la votación. Por culpa del recuentro “express” el partido minoritario por el que me presentaba en aquellas elecciones perdió un voto para el Senado, que debió contabilizarse como blanco, y me quedé con la duda de cuántos votos en blanco habrían sido robados por votos con dos papeletas votando a la misma candidatura.

    Puesto que el escrutinio es público por ley, y la participación parece que va a ser igual de elevada que en 2004, me voy corriendo a mi colegio electoral a ver si aquello fue una excepción o la norma.

    A las 20:00h se cierran las puertas (conmigo dentro) y empieza el recuento en la linea que viene siendo habitual, aunque con más orden que en 2004. Presidentas de mesa, vocales, interventores y apoderados, todos a una sacando votos de las urnas y de sus sobres vulnerando el procedimiento electoral ante la presencia impasible de la policía nacional y los interventores del Estado (por cierto, muy jovencitos y sin acreditación).

    De entre la jungla de papeletas, mucho voto nulo votando a Gallardón y, como me esperaba, a UPyD al Senado: En torno al 30% de los votantes de UPyD de mi mesa electoral marcaron los cuatro candidatos que presentaban al senado, ergo voto nulo. El alto respaldo que obtuvo UPyD en mi mesa (con más del 50% de voto al PP) me hace reafirmarme en mi convencimiento de que se trata de un partido de centro-derecha. En contraste, Izquierda Unida se va al hoyo claramente… el voto (in)útil se manifiesta con fuerza aquí.

    Al final, cuando los números no cuadran, los miembros de las mesas añaden convenientemente unos cuantos votos en blanco para redondear la cuenta, y todos tan anchos. Los de la mesa de al lado optaron por fabricar un par de votos nulos que faltaban porque no sabían que había pasado con los originales que sacaron (ambos con una papeleta al PP y otra al PSOE).

    Ante la duda, las decisiones se toman por consenso, según le parezca a los componentes de la mesa. ¡¿Para qué consultar la ley electoral?!, que está claro que no os habéis leído. Lo mejor los comentarios de los interventores, sentando cátedra con frases como “siempre se ha hecho así”. Joder, que lleváis auditando elecciones por lo menos 10 años (que os conozco) y todavía no os habéis mirado las normas electorales, ya os vale.

    Lo más patético, tres votos al senado para el PSOE que nunca debieron contabilizarse, porque el votante, en un alarde de vaguería, hizo una equis grande que abarcaba las casillas de los tres candidatos en vez de hacer una equis en la casilla de cada uno de ellos.

    Al final, misma participación que en 2004 y misma hora de salida. A las 9:00 ya estaba escrutado el Congreso, y hasta las 12:00 el Senado (y luego a hacer las actas). Se confirma la utilidad del rotulador verde a la hora de captar la atención de los escrutinadores a altas horas de la noche. Tuve ocasión de salvar por los pelos un voto a “Por Un Mundo Más Justo” (PUM+J) al senado, pero me pregunto cuántos votos a formaciones minoritarias no se habrán contabilizado.

    Por eso, recomiendo encarecidamente a los votantes de partidos minoritarios que usen rotulador gordo, nunca bolígrafo, y de color diferente a la papeleta (ni negro ni rojo) para la papeleta del Senado, porque hay mucha gente mayor contando los votos y no se ven las equis. Si podéis doblar la papeleta para que al sacarla se vea el voto, mejor. Pero, sobre todo, no seáis tan cabrones como para cerrar el sobre con la banda adhesiva.

    Cuando me iba pude ver como en una mesa estaban recontando los votos según establece la ley. Iban bastante rezagados y seguro que acabaron a altísimas horas de la noche. Estas anónimas personas merecen toda mi admiración por su sacrificio por el bien común.

    El Resultado: Más bipartidismo y menos democracia
    Finalmente el recurso al voto útil y al miedo de que ganen “los otros” ha funcionado… y el sistema electoral ha echado el resto. A pesar de una campaña electoral mediocre, y huérfana de propuestas y verdaderos debates, los ciudadanos han dado un paso más hacia la renuncia total a sus derechos políticos. La próxima legislatura el parlamento será un poco menos plural.

    De los 350 escaños, 322 ya están en manos de los 2 partidos más votados. El PSOE se lleva 16 escaños más de lo que le correspondería por el número de votos recibidos, mientras que el PP sólo recibe 12 escaños extra. Esto es posible gracias a una terrible combinación de circunscripciones pequeñas con reparto mediante método D’hondt: un sistema electoral diseñado para perjudicar a las minorías, y que difícilmente será más proporcional mientras favorezca a quienes gobiernan.

    A continuación os dejo la famosa comparativa entre sistemas electorales con los datos provisionales de las Generales de 2008. En amarillo el reparto oficial de escaños, en rosa el reparto de escaños utilizando una circunscripción única sin límite del 3%, y en verde el reparto utilizando el Cociente Droop en vez de D’hondt, en circunscripción única.

    Algún día unas elecciones serán el germen de una verdadera democracia, pero mientra la fiesta continua si la presencia de la homenajeada.


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    coeficiente Droop 72.504
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