Lo llamativo es que estas comunidades acaban de ganar hace pocas semanas un caso récord de 8.600 millones de dólares contra la compañía.
El asunto está lejos de haber quedado cerrado (Chevron peleará “hasta que se congele el infierno, y entonces patinaremos sobre el hielo”, de acuerdo con las declaraciones de su antiguo abogado jefe), así que merece la pena hacer algunas consideraciones.
Viajé por primera vez a la región en 1993, como parte de un equipo de abogados en busca de demandantes para una quijotesca inciativa contra
Texaco. En aquel momento,
esta compañía acababa de abandonar Ecuador tras haber dejado abiertas 900 fosas de residuos repartidas a lo largo de la selva, además de
unos 70 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos vertidos en ríos y acuíferos de la zona a lo largo de 25 años. La compañía, cuyos ingresos anuales triplican el PNB de
Ecuador, había obtenido carta blanca para abrir el
Amazonas sin contraer ninguna obligación con el medioambiente o la población local.
La responsabilidad legal es un asunto diferente.
Chevron-Texaco ha llegado muy lejos para desestimar los cargos, de modo que la demanda inicial fue
procreando procedimientos en más de una docena de juzgados. A pesar de la esperanzadora decisión del
juez ecuatoriano, es posible que las demandas no lleguen a prosperar nunca.
El caso refleja un patrón mucho más extendido de impunidad empresarial. Mientras las compañías se esfuerzan más que nunca por buscar materias primas y mercados en las esquinas más remotas del mundo, encuentran escasa resistencia en unos gobiernos y sistemas judiciales sobrecargados, faltos de recursos y a menudo corruptos. De hecho, este caso es una anomalía por la atención que ha recibido, cuando
solo una mínima fracción de las 80.000 empresas multinacionales que operan en el mundo se ven sujetas a demandas legales de cierta importancia.
Esto no significa que la vía judicial sea irrelevante.
Incluso cuando se pierden, los casos pueden tener una importancia capital, pero siempre dentro de una estrategia más amplia. La demanda contra Texaco generó una incipiente movilización local e
inyectó una energía y atención pública que resultaron determinantes en la involucración de comunidades, ONG y movimientos sociales (indígenas, medioambientales, religiosos).
Juntos formaron alrededor de este caso una red –el Frente de Defensa de la Amazonía- que aún hoy constituye un importante actor local y nacional en el debate petrolero. Gracias a la atención mediática, ministros y parlamentarios visitaron la zona e impulsaron legislaciones para gobernar a la industria del petróleo. El caso puso en guardia a otras grandes compañías hasta el punto de que era habitual escuchar a sus representantes “nosotros no somos Texaco”. Cuando el asunto pasó de los tribunales estadounidenses a los ecuatorianos, estos se vieron forzados a realizar importantes reformas en los sistemas locales y nacionales de justicia para poder hacer frente a una demanda de esta naturaleza.
El caso de Chevron-Texaco demuestra todo lo que puede dar de sí la colaboración entre movimientos sociales, ONG y especialistas legales. Pero ofrece también otra lección fundamental: la necesidad de enfoques sistémicos.
Texaco destruyó la selva con sus carreteras, sus pozos y sus vertidos, pero eso ocurrió porque el Gobierno ecuatoriano, la débil legislación, la justicia inoperante, la cómplice compañía estatal y la presión del Gobierno de los EEUU se lo permitieron.
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Iniciado por Houndix
