Los hechos en los que se fundamenta la demanda son, en esencia, los que siguen:
Resulta demostrable que la Administración española es la responsable de que las corridas de toros sigan siendo rentables y que dicho negocio enriquezca discriminadamente a un sector que no tiene apoyo social.
No debemos olvidar que también existen subvenciones a la tauromaquia pagadas por todos los ciudadanos de los países miembros de la UE, por lo que hacemos extensiva esta denuncia y esta vergüenza a los Eurodiputados que tienen parte responsable en que esta actividad siga existiendo gracias al dinero de los europeos.
Por ello, añadimos en esta acusación a quienes se enriquecen con nuestro dinero:
A la Unión de Criadores de Toros de Lidia, quienes reciben la mayor parte de estas subvenciones; las ganaderías son un negocio privado que hoy se sustentan gracias al dinero público que reciben y que pagamos todos. Su negocio consiste en manipular a los toros para crear una “raza” genéticamente artificial, para que estos animales sean torturados hasta la muerte en los festejos taurinos.
Asimismo, la Unión de Criadores de Toros de Lidia es responsable de desinformar y manipular la realidad acerca de su actividad, con argumentos que no resisten ningún análisis científico serio y realista; así quedó plasmado en el acto que esta Unión celebró el pasado 4 de junio en Bruselas dentro del Parlamento Europeo, en el que no sólo se manipularon informaciones referentes a la economía, historia, cultura, ecología y sostenibilidad de su actividad, sino en el que también se mintió y manipuló a un diputado de Bélgica, el Sr. Gèrard Deprez, quien dio su apoyo al acto taurino después de haber sido víctima de un vil engaño, ya que en ningún momento se le mencionó que lo que allí se defendería sería la tortura de una animal como hecho cultural y/o tradicional.
Para realizar este acto en Bruselas, la Unión de Criadores de Toros de Lidia recibió 350.000€ en subvenciones públicas, aportadas por la Junta de Andalucía, las Comunidad de Madrid, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Navarra, Valencia, y el Ayuntamiento de Segorbe; una muy pequeña parte de este dinero fue donado por empresas privadas.
A la Federación Nacional de Escuelas Taurinas, que reciben no sólo subvenciones de dinero público, sino que también proporcionan a sus alumnos todo el material escolar de forma gratuita, mientras que en las escuelas de enseñanza pública son las familias quienes deben asumir el elevado coste de los libros de texto, y todo el material escolar necesario para los estudiantes. Asimismo, las escuelas taurinas enseñan a menores de edad a matar mediante torturas a un animal, haciendo un profundo trabajo que tiende a la insensibilización de los menores frente al sufrimiento de un ser vivo; paralelamente, exponen a los niños y adolescentes al peligro de morir de una forma violenta. En estas escuelas, además, el material escolar subvencionado por el estado incluye no sólo el capote y la montera, sino también banderillas, puyas, espadas y animales vivos que son utilizados para practicar en ellos todo tipo de heridas y daños.
A la Unión Nacional de Empresarios Taurinos Españoles, ya que estos empresarios contribuyen al empobrecimiento económico y moral de aquellas zonas en las que organizan espectáculos de sangre y muerte. Empobrecimiento económico, porque se nutren del dinero de las arcas públicas para pagar millonarios contratos a toreros, así como el alto precio que los ganaderos ponen a los animales que han criado para que sean asesinados, entre otros costes de organización de estos crueles espectáculos; la mayoría de estas plazas se encuentran en zonas especialmente deprimidas de España, zonas que a veces no cuentan con un hospital público para atender a los ciudadanos, y que sin embargo cuentan con quirófanos equipados con lo último en tecnología para atender al torero en el caso de que éste resultara herido. Y empobrecimiento moral, porque las corridas de toros y otros festejos taurinos no son indignos solamente para el animal, sino también para quien observa la tortura llegándose a insensibilizar ante el sufrimiento ajeno. Es un caso de aberrante manipulación, que tras palabras como “cultura” y “tradición” busca una justificación moral que el sentido común le niega.
A la Unión Profesional de Matadores de Toros, Novilleros, Rejoneadores y Apoderados, por ser los brazos ejecutores de un sufrimiento fríamente planificado, con alevosía, ya que conocen exactamente la anatomía y fisiología del toro, por lo que aplican todo tipo de elementos que se podrían catalogar como armas blancas con el único fin de debilitar, herir y humillar a un animal que, la mayoría de las veces, sale a la plaza ya debilitado y mermado en sus facultades naturales. De todos estos personajes, tal vez el del Apoderado sea el más culpable de todos, ya que necesita de la existencia de un
brazo ejecutor (el torero), para vivir a su costa, por lo que este actor siempre animará a que su representado se mantenga en activo la máxima cantidad de años posible.
Todas estas organizaciones obtienen cuantiosas sumas de dinero pagadas por todos los ciudadanos, españoles y europeos, en un país en que la salud pública está colapsada, en que el Poder Judicial aún no ha sido informatizado, en un país con uno de los más altos índices europeos de deserción escolar, en un país que no cuenta con ayudas para colectivos como las personas dependientes ni discapacitados.
La Plataforma representa al 80% de los ciudadanos y residentes españoles, y al 98,4% de los ciudadanos europeos, que no presentan ninguna afinidad por la actividad taurina o que incluso se manifiestan contrarios, y que por consiguiente no tienen interés alguno de pagarla mediante sus impuestos.
Las subvenciones concedidas a la tauromaquia tienen incluso un carácter aún más vergonzoso si pensamos que se otorgan en detrimento del otorgamiento de otras subvenciones para atender verdaderas urgencias sociales como puede ser, por ejemplo, la sanidad pública o la educación, aspectos que sí interesan al 100% de los ciudadanos españoles y europeos.
Por todo lo expuesto, se pide que se dicte sentencia condenatoria de las Administraciones españolas por el apoyo económico a las corridas de toros, así como a la Unión de Criadores de Toros de Lidia, a la Federación Nacional de Escuelas Taurinas, la Unión Nacional de Empresarios Taurinos Españoles, la Unión Profesional de Matadores de Toros, Novilleros, Rejoneadores y Apoderados.