El Tribunal Supremo ha ordenado el derribo de una macrourbanización enclavada en una isla del pantano de Valdecañas, en el noreste de la provincia de Cáceres, porque sus terrenos están incluidos en la Red Natura 2000 y no se pueden hacer desarrollos urbanos en zonas con este nivel de protección ambiental. El fallo vislumbra el final de una batalla judicial iniciada en 2007 por las organizaciones Ecologistas en Acción y Adenex y en la que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) ya había considerado ilegal el complejo Marina Isla de Valdecañas, promocionado como el proyecto turístico y de ocio más importante de Extremadura.

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Los abogados José María Trillo y Maria Ángeles López Lax, representantes de Ecologistas en Acción y Adenex respectivamente, inciden en que no se puede revertir la protección en un suelo una vez que se ha dictado y critican duramente que se haya llegado a cambiar una ley para adaptarla. “Es un ejemplo de la irracionalidad del planteamiento urbanístico en el que estábamos asentados”, destaca Trillo.

A pesar de que en 2011 ya tenían una sentencia de alto tribunal extremeño que ordenaba el derribo del macrocomplejo no pudieron impedir que continuara desarrollándose porque les reclamaban una fianza de 40 millones para ejecutar la demolición, algo “inasumible” para una organización ecologista.