Durante años, los teléfonos estuvieron pinchados, las entradas a las residencias particulares puestas bajo vigilancia, los acusados fueron seguidos, e incluso se instalaron localizadores en los coches.
Aparte del increíble coste de una operación semejante, lo que resulta más interesante es que las autoridades fueron incapaces de hallar ninguna evidencia delictiva a pesar de hasta dónde fueron capaces de llegar. La única conclusión extraíble de todo esto es que la totalidad de la operación fue montada en base a un presentimiento y las acusaciones son sencillamente erróneas.
Aun así, los costes han de ser justificados de alguna manera, así que, estos diez activistas tienen que pagar el precio, por así decirlo. Se han anunciado más “confiscaciones de ordenadores”. ¿Hasta dónde quieren llegar realmente las autoridades? Parece que las 24 controvertidas operaciones de búsqueda no han producido nada relevante, y aun así, las autoridades pretenden continuar con ellas –con la esperanza de que en algún sitio podrán encontrar algo incriminatorio que pueda justificar retrospectivamente las acciones que han llevado a cabo.