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Los problemas empezaron hace unos cuatro años, pero todavía hay vecinos que prefieren evitarse o bien eluden comprar en una determinada tienda en función del bando que haya elegido su dueño. La culpa la tienen dos millones de onzas de oro que dejaron los romanos junto al Cantábrico, en el último gran yacimiento de Europa. Tapia de Casariego, un pequeño concejo asturiano de unos 4.000 habitantes dedicado a la pesca, la ganadería y el turismo, afronta el tramo final de un conflicto provocado por la mina que una empresa canadiense quiere construir a cambio de unos 200 empleos para vecinos de la zona durante aproximadamente ocho años. Pero entre tanto ha habido cambios de gobierno (la Corporación ha pasado de estar en contra a estar a favor de la mina), denuncias a la Guardia Civil, amenazas y tres informes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico rechazando el proyecto. Para algunos este oro es la solución a sus problemas económicos, el paro y la marcha de los jóvenes por falta de oportunidades. Para otros, su destello es solo un parche que destruirá un modo de vida sostenible en un lugar único.
Recorriendo la zona —también afecta al pueblo de Castropol, plagada de carteles en contra de la mina— es fácil encontrar afectados. A los que están a favor les cuesta más hablar, por “no ser unos apestados”, dice el dueño de un bar que no da su nombre. Y los que están en contra, muchos de ellos miembros de la plataforma Oro No (que lleva luchando en contra de la mina desde el comienzo de esta historia) lo ven desde su perspectiva. La de Mero, por ejemplo, uno de los 28 pescadores con licencia en el pueblo, tiene la forma de un pequeño cangrejo que nada como un demonio y es hipersensible a los cambios de temperatura. Se llaman patelos y en la popa de su barco, en plena faena de tarde, un marinero los atraviesa uno a uno con centenares de anzuelos unidos por un hilo de nylon que van soltando al mar. Son clave para la pesca con palangre de la lubina. “El día que los dejo en el cubo y cambia la temperatura un grado se me mueren todos y no valen para nada. Con los vertidos de la mina, si es que la abren, no va a sobrevivir ni uno”, pronostica mientras acerca el barco hacia un acantilado para mostrar desde el mar la zona cero de este conflicto.
El yacimiento se encuentra bajo las lagunas de Salave, a unos 300 metros del Cantábrico. Para evitar hacer una obra a cielo abierto —como tuvo la vecina Belmonte mucho tiempo o la que rechazó la Xunta de Galicia hace unos meses en Corcoesto, ambas de propietarios canadienses— la boca de la mina estará a dos kilómetros y medio de ahí, donde hoy hay una frondosa arboleda, un tramo del camino de Santiago y decenas de hectáreas de prados donde pastan las vacas de ganaderos como Jesús. Sus reses, una variedad importada de Suiza, se utilizan para obtener leche para bebés, sujeta a controles mucho más estrictos. Ahora teme que la empresa para la que trabaja cancele su contrato y le cabrea el conflicto social generado por la empresa canadiense. “Se han aprovechado de la desesperación de la gente, de que no tienen nada. Y nos han enfrentado”, critica mientras pasea por una de las zonas afectadas.
La boca de la mina y el yacimiento estarán conectados por un enorme túnel de 2,7 kilómetros y cinco metros de diámetro —horadado mediante voladuras— por donde se extraerán los minerales y las 200.000 toneladas de residuos que se generarán en la perforación, entre los que hay azufre o arsénico —en cantidades no tóxicas, asegura la empresa—. En esa explanada también se construirá una balsa de diez hectáreas para los residuos estériles y otras dos más pequeñas para el material que no todavía no esté procesado. El agua que se vierta al mar y a los ríos, asegura su ingeniero jefe José Valdés dando un paseo por la zona, “será apta para consumo humano”. “No tenemos nada que esconder”, señala.
Pero la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la máxima autoridad en materia de aguas, no se lo cree. Ha tumbado tres veces el proyecto: la última vez el pasado 12 de septiembre. Ve imposible que los ríos absorban el nivel de residuos que se verterán a sus cauces y al mar y se opone a su construcción. Pese a que su veredicto no es vinculante (por haberse tramitado el plan un año antes del cambio de ley que sí le otorgaría esa virtud), ha provocado enorme inquietud entre los pescadores, especialmente los que van al percebe, un crustáceo que se alimenta del filtrado continuo de agua. “Aunque no fuesen tóxicos, los lodos crearán películas que no dejan pasar la luz ni que haya vida marina”, critica el percebero Elías Vázquez.
En los últimos cuatro años muchos han visto por Tapia a Cary Pinkowski, un empresario canadiense —aunque en el pueblo le llamen El ruso— director general de Asturgold, una empresa sin ninguna experiencia en el sector creada para esta operación y financiada por un fondo de inversión. “Ahora hace tiempo que no viene por aquí”, señala Elías. Para introducirse en Asturias, en 2009 compró Explotaciones Mineras del Cantábrico, una pequeña compañía dedicada a hacer sondeos en posibles yacimientos y a conseguir licencias como la de la mina de Salave. Por eso muchos creen —aunque la empresa lo niega— que cuando tengan los permisos, venderán la sociedad y sus compromisos serán papel mojado, como ha sucedido en casos parecidos del sector.
Asturgold no son los primeros en embarcarse en este proyecto, pero sí los que más empeño y dinero han puesto (aseguran que llevan invertidos 20 millones de euros). Su promesa es emplear a 200 vecinos de la zona durante un periodo de entre ocho y diez años (ya han recibido 12.000 currículos). Pero esta garantía, como admiten ellos mismos, está sujeta a la fluctuación del precio del oro (hoy a unos 960 euros cada onza, equivalente a 31,10 gramos) y a la rentabilidad que puedan obtener de un proyecto que ha ido rebajando su ambición. La empresa admite que si el precio del oro bajara más de lo previsto, tendrían que cerrar.
El problema es que los romanos ya explotaron durante 300 años este yacimiento y se llevaron el metal más fácil de extraer. El oro que queda hoy bajo las lagunas está incrustado en la granodiorita, un mineral que también contiene azufre y arsénico. Para extraer el oro hay que oxidar la piedra mediante un agresivo y tóxico proceso de lixiviación con cianuro que Asturgold se ha tenido que comprometer a llevar fuera de España. En principio, utilizarán un método de trituración y lavado con detergentes biodegradables —un paso previo a la separación total— con el que solo podrán llegar a elaborar un concentrado de 200 gramos por tonelada, una solución mucho menos rentable.
A 700 metros de la futura boca de la mina, donde se realizará ese compuesto —no tóxico, según la empresa—, acuden diariamente al colegio 22 niños con discapacidad psíquica de toda la comarca. La misma fundación tiene ahí un centro de empleo especial donde trabajan 14 personas en un huerto ecológico de 9 hectáreas que vende unos 25.000 kilos de verdura. Su presidenta, Angelines Loza, asegura que les quitarán el sello de calidad y tendrán que cerrar. “No creo que nadie piense que puedes vender productos ecológicos con una mina y una balsa de residuos al lado. Por no hablar de la contaminación acústica y ambiental que sufrirá el colegio. No es un capricho ideológico, es solo que nuestros proyectos no son compatibles”, señala mostrando el campo de arándanos de la finca.
Pero el paro en la zona de Tapia ronda el 20% y cada día alguien se acerca a la oficina de la mina a dejar sus datos, “incluso muchos de los que luego dicen que están en contra”, deslizan en la empresa. La fiebre trasciende a la comarca y hasta 2.000 gallegos lo han hecho también. Por ese motivo, los partidarios de la mina montaron la plataforma Trabajo sí, mina ya. Magadalena Gómez, analista de laboratorio en paro y presidenta de esta asociación, no ve alternativa. Su marido es uno de los 14 afortunados que ya ha conseguido empleo y ella cree que la mina frenará la sangría de gente que debe marcharse a otras ciudades a trabajar. Esa defensa, explica, le ha costado que en algún bar no le sirvieran o que le rajaran las cuatro ruedas del coche a una amiga suya. Pero asegura que son los primeros que exigirán a Asturgold que se haga bien. “Tampoco somos idiotas, sabemos que no podemos confiar al 100% en una empresa. Pero si cumplen la ley, debería poder instalarse la mina. Espero que la decisión sea muy meditada y cumpliendo todas las normas. Ahora estamos todos en manos de Belén Fernández”.
Y Fernández (PSOE), la consejera de Medio Ambiente del Principado —que no ha querido hacer declaraciones a este periódico—, apura los días para tomar su decisión antes de mediados de noviembre. Una historia de poder e influencias en la que, según el exalcalde de Tapia, de un partido independiente y contrario al proyecto, “vino a presionar hasta el embajador de Canadá”. El regidor actual, sin embargo, que gobierna gracias a un pacto del PP y Foro Asturias, apoya la mina por el empleo que generará.
Todos saben que, sea cual sea la decisión, el tema no quedará zanjado. En la empresa deslizan que si el fallo fuera negativo podrían recurrir a los tribunales por daños patrimoniales y reclamar una cantidad millonaria. Si fuera positivo, la mitad del pueblo que está en contra de la mina también denunciaría el caso en la instancia pertinente y aumentaría la presión social y política sobre el Principado. Pase lo que pase, nadie sabe si la vida aquí volverá a ser igual que antes de la fiebre del oro.
