El Tribunal Supremo confirma la pena de cuatro años de cárcel por golpear a concejal
El Tribunal Supremo confirma la pena de cuatro años de cárcel por dar un puñetazo a una concejal en la manifestación contra la perrera de Cádiz
El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cuatro años de prisión y diversas multas impuestas a una mujer de Cádiz por llamar “asesina” a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez y dar un puñetazo a la concejal María del Carmen Obregón durante una protesta contra el maltrato de animales que se estaba produciendo en la perrera "El Refugio" de Puerto Real (Cádiz), donde miles de perros y gatos fueron presuntamente asesinados con un paralizante muscular que es inyectado indiscriminadamente, provocando una muerte lenta y agónica por asfixia.
Los hechos que provocaron el procesamiento y condena ocurrieron después de su participación en la concentración autorizada en San Juan de Dios. Varios miembros de la corporación municipal salieron de la cercana Iglesia de Santo Domingo, después de asistir a una ceremonia religiosa. Y los procesados, junto con otras personas, acudieron allí a expresar su protesta por las pésimas condiciones de la perrera, de la que se servían varios ayuntamientos, entre ellos el de Cádiz.
En medio del altercado, la mujer condenada dio un puñetazo a la concejal María del Carmen Obregón, causándole lesiones que tardaron en curar 14 días. Por estos hechos, la Audiencia de Cádiz la condenó a cuatro años de prisión por un delito de atentado, 1.260 euros por una falta de lesiones, 90 euros por una falta de injurias, y a indemnizar a María Carmen Obregón con 168 euros por las lesiones causadas.
La sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso el Centro Legal para la Defensa de los Animales, considera correctamente denegado el interrogatorio de la defensa al perito psiquiatra que informó sobre la acusada, pues ese informe médico se realizó varios meses después de los hechos y las anomalías diagnosticadas por “su problema con la justicia” se referían a un momento posterior a los incidentes.
La sentencia desecha la vulneración de la presunción de inocencia puesto que la víctima y el escolta identificaron a Somoscarreras como autora de la agresión. Tampoco se acepta que no conociese a la concejal, puesto que ella y su hermano habían estado en su despacho oficial como integrantes de la entidad Agademi.
El Supremo tampoco estima la alegación de dilaciones indebidas, ya que “el transcurso de tres años y tres meses desde que se cometieron los hechos hasta que se celebró la vista oral del juicio, aunque no puede considerarse “un plazo modélico”, tampoco puede considerarse “un plazo con un grado de irrazonabilidad que legitime la aplicación de la atenuante”.
La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia también condenó a Simone Righi a cuatro años y cinco meses de prisión por atentado, al estimar acreditado que en la misma fecha, el Día de la Patrona de 2007, durante la protesta contra las irregularidades detectadas en la perrera de Puerto Real, intentó agredir a la alcaldesa de Cádiz, y por resistencia a la autoridad. Ello pese a la inexistencia de pruebas más allá del testimonio de varios policías, de un concejal y de Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, que en algunos momentos del juicio fue vacilante en la identificación. De hecho, la Fiscalía reconoció que había dudas sobre la identificación. Una periodista, Silvia Tubio, afirmó haber acompañado a Simone durante toda la manifestación y dijo que no agredió a nadie. Simone Righi, quien pasó varios meses en prisión provisional y ha defendido en todo momento su inocencia, optó por no presentar recurso contra la sentencia de la Audiencia y solicitar un indulto parcial que le permita obtener la suspensión de condena al Ministerio de Justicia, el cual aún no ha resuelto su situación.
En cuanto a los responsables de la perrera, quienes provocaron presuntamente la muerte de miles de animales mediante el paralizante muscular, se encuentran en libertad a la espera de juicio. La fiscalía ha pedido en su escrito de acusación una pena de un año de cárcel para el propietario, la directora y los dos veterinarios de la perrera, mientras que la acusación popular solicita una pena de un año y medio de cárcel. Debido a que las penas solicitadas son inferiores a los dos años de cárcel, es poco probable una sentencia que suponga su ingreso en prisión.
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